Conceden suspensión a Lozoya contra captura por cohecho

Eduardo Murillo y César Arellano
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 24 de julio, 2019

El Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México concedió una suspensión definitiva al ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contra actos privativos de la libertad y orden de captura, por los delitos de asociación delictuosa y cohecho; delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa.

El juez Erik Zabalgoitia Novales, le impuso una garantía de 50 mil pesos para otorgarle la medida cautelar durante el tiempo que dure el juicio de amparo.

A principios del mes pasado, el ex funcionario obtuvo otra suspensión definitiva, concedida por la juez de distrito especializada en el sistema penal acusatorio del Reclusorio Sur, María Elena Cardona Ramos, esta por la orden de aprehensión que pesa en contra de Lozoya Austin por lavado de dinero.

El pasado 5 de julio la Fiscalía General de la República (FGR), dijo que había obtenido órdenes de aprehensión contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y cuatro de sus familiares, en este caso relacionadas con la entrega de sobornos a cambio de contratos a la petrolera brasileña Odebrecht.

Por ello un juez federal con sede en la Ciudad de México libró en ese entonces una orden de captura en contra del ex funcionario, tres de sus familiares y de una empresaria de bienes raíces: Marielle Helene Eckes (esposa), Gilda Margarita Austin (madre), Gilda Susana Lozoya (hermana) y Nelly Maritza Aguilera Concha.

Tanto Lozoya Austin, familiares y amigos tramitaron amparos al respecto contra posibles órdenes de detención en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos su hermano, Juan Jesús Javier Lozoya Austin.

Esta mañana el abogado Javier Coello Trejo, confirmó la detención de Gilda Margarita Austin, madre del ex servidor público por elementos de la Policía Internacional (Interpol) en Alemania y quien es solicitada en México para enfrentar acusaciones por operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.