La Jornada
Foto: Luis Castillo
La Jornada Maya
México
Viernes 10 de mayo, 2019
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que pese a los avances que se registran en la búsqueda y localización de personas en el país, producto del trabajo de miles de familias de personas desaparecidas y de colectivos de la sociedad civil, no se ha podido detener ese flagelo y el número de víctimas va en aumento.
En un comunicado, el organismo público expresó que, a más de un año de la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, se requiere materializar el contenido de esa norma mediante la profesionalización de los actores encargados de su aplicación para que las Comisiones Locales de Búsqueda, las Fiscalías Especializadas y las áreas de servicios periciales, entre otras, cumplan cabalmente sus funciones.
Así lo expresó el Primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, quien mencionó que a la fecha solo se han establecido dichas Comisiones en Baja California, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, mientras que Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Sinaloa y Sonora no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas.
El funcionario demandó una Estrategia Integral para la Atención a Víctimas de Desaparición, que parta del reconocimiento de “uno de los problemas más complejos, dolorosos e indignantes que enfrentamos como Estado; el diálogo con familiares y colectivos de personas desaparecidas como eje rector de las instancias involucradas en la atención del flagelo; crear el registro de familiares afectados y dotar de suficiente personal, equipamiento y materiales a los servicios médicos forenses y servicios periciales”.
Tras enfatizar que la sola expedición de la Ley no resuelve el problema de la desaparición de personas, sino es una herramienta más para combatir ese flagelo, demandó a las autoridades materializar también el contenido de ese precepto mediante la voluntad política de las instancias de gobierno, particularmente en las entidades federativas.
De igual manera, les exigió realizar investigaciones efectivas que eviten la impunidad; que el Estado mexicano reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU; establecer Comisiones de Búsqueda en cada entidad para determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones en la materia, y realizar un análisis de contexto o situacional para identificar, relacionar y sistematizar obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de delitos.
El Primer Visitador General de la CNDH también señaló lo alentador que resulta que el gobierno federal haya manifestado su mejor disposición para incrementar el personal, el equipamiento y los recursos materiales que demandan estas tareas de búsqueda; así como la articulación entre los gobiernos de las distintas entidades federativas.
Al participar en el Foro Chilapa 2019 “Construcción de la Paz… con Verdad y Justicia”, destacó que violencia, inseguridad, corrupción e impunidad propician e inciden en que la desaparición de personas sea un flagelo que, desafortunadamente, estamos muy lejos de dimensionar y atender de manera adecuada.
En el mismo tono, aseguró que la falta de investigaciones ministeriales homogéneas “refleja un problema estructural en materia de procuración de justicia en el país, sobre todo en las entidades, lo que ubica a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono y revictimización al hacer nugatorios sus derechos constitucionales”.
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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