Crece desaparición forzada, advierte Norma Lucía Piña

Gustavo Castillo García
Foto: Foto: Twitter @CanalJudicial
La Jornada Maya

Ciudad de México
Miércoles 13 de diciembre, 2017

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido “garante de los derechos fundamentales haciéndolos respetar por todos los poderes del Estado”, afirmó la ministro Norma Lucía Piña Hernández, al rendir el informe de labores correspondiente del 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de este año.

En su calidad de presidente de la Primera Sala, la ministro hizo un recuento de los casos más trascendentes que fueron analizados y resueltos por ese órgano del máximo tribunal del país, entre ellos cuestiones que tienen que ver con casos de desaparición forzada, derecho de réplica, el principio de máxima divulgación en materia penal y sistemas normativos indígenas.

Respecto a casos de desaparición forzada señaló que “este fenómeno ha ido en aumento al grado de ser considerado una de las principales preocupaciones en el país, pues constituye una violación múltiple de varios derechos humanos, cuya prohibición ha alcanzado el carácter de ius cogens (normas que no pueden ser derogadas).

Por ello, la Primera Sala confirmó la negativa de amparo al declarar la constitucionalidad del artículo 215-A del Código Penal Federal, en lo que se refiere a que ese delito se puede cometer con independencia de que el sujeto activo participe en la detención legal o ilegal de la víctima.

Ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministro destacó que la Primera Sala estableció que es posible que el reconocimiento de ciertos usos y prácticas culturales de las personas, pueblos y comunidades indígenas afecte los derechos humanos de quienes componen la comunidad indígena o de quienes se relacionan con ella.

“Por tanto, en materia de igualdad y no discriminación, se decidió que la aplicación de los usos y costumbres indígenas no puede ser una excusa para intensificar la opresión, incluso al interior de las comunidades indígenas, de aquellos miembros tradicionalmente excluidos, como mujeres, niños y niñas o personas con discapacidad; entre otros colectivos históricamente desaventajados”.

Piña Hernández refirió que en el periodo de su informe, el trabajo realizado en conjunto con los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Arturo Zaldívar, estuvo dirigido a “garantizar los derechos humanos, proteger la supremacía de la Constitución, y establecer las condiciones necesarias para mantener el diálogo democrático, en el marco de la división de poderes”.