De aprobarse la reforma eléctrica habrá pocos recursos legales para revertir los cambios, y dará pie a que Estados Unidos inicie “una suerte de guerra comercial”, al aplicar aranceles a productos como los agropecuarios, dijeron expertos.
Bernardo Cortés, del despacho legal Of Counsel, comentó que si los legisladores pasan las modificaciones a los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no habrá una ola de amparos, porque se tratan de cambios en la constitución y el recurso no aplica.
El “único recurso legal local” será la impugnación sobre el proceso legislativo que se lleve a cabo, pero incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido cuáles son los estándares en los que se aplica, comentó.
La reforma no se puede revertir, pero el gobierno mexicano deberá indemnizar a las empresas privadas, porque ellas pueden recurrir a los acuerdos para la protección y la promoción de inversiones o a los capítulos sobre trato mínimo o expropiación indirecta señalados en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico TPP-11, explicó.
Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del T-MEC, comentó durante el Foro IMMEX 2021, que si se pueden presentar demandas a nivel internacional, lo cual no implica que México regrese al esquema anterior, pero si represalias comerciales.
Si se aprueba, se puede declarar que hay “un acto de gobierno, una medida ya tomada que afecta directamente a las inversiones”, por lo que los socios comerciales pueden acudir al mecanismo de solución de controversias del capítulo 31 e iniciar un panel, el cual decidirá el monto que deberá pagar México por compensación y “cobrarse” con aranceles en cualquier sector de exportación de México, añadió.
“Estados Unidos podría tomar medidas en contra de los principales productos de exportación de México, como el acero, el aeroespacial, electrodomésticos, la lista es larga de aquellos productos con un éxito exportador”, dijo.
En el juego de no retirar los aranceles, hasta no restablecer la legislación de 2013, se puede caer en “una suerte de guerra comercial a largo plazo”. Las empresas también pueden iniciar paneles en lo individual, pero tardan hasta 5 años para resolverse y las indemnizaciones pueden ser elevadas, mencionó.
Contrario al discurso del gobierno, el sector energético está sujeto a los compromisos adquiridos en el T-MEC, aunque en el capítulo 8 se haya señalado que México es soberano al cambiar su constitución y que los recursos del subsuelo son propiedad de la nación, explicó Smith Ramos.
Roger González Lau, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), comentó que los Certificados de Energía Limpia (CELs) se puede revisar, pero no cancelar, pues a 7 años ya no son necesarios, pero implican inversiones por 9 mil millones de dólares en proyectos. Apuntó que habría un daño en la banca comercial, banca de desarrollo nacional e internacional.
Para la industria maquiladora habría una afectación para acceder a energía de calidad, pero también en la confiabilidad del sistema, añadió.
Edición: Laura Espejo
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