Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria en funciones de jueza del juzgado séptimo de distrito en el Estado de México, emplazó al gobierno federal para que, a más tardar en cinco días, inicie con un plan de vacunación contra el Covid-19 que considere a todos los menores de 12 a 17 años para que reciban el biológico, sin importar su estado de salud.
“Se concede a las autoridades responsables, una prórroga de cinco días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, para que den cumplimiento al resolutivo segundo, en términos del considerando cuarto, de la suspensión definitiva dictada por este órgano jurisdiccional el 7 de octubre del año en curso”.
Gámez Galindo otorgó en esa ocasión una suspensión definitiva con efectos generales, que ordena al gobierno federal adicionar o actualizar la política nacional de vacunación para que se inoculen a menores de 18 años contra el coronavirus, entre julio de 2021 y marzo de 2022, pues consideró que este grupo etario tiene un alto riesgo de contagio ante la variante delta.
En su fallo, argumentó que la delta se caracteriza por tener una mayor transmisibilidad, así como por afectar a adolescentes y niños en proporciones más elevadas que otras variantes. Incluso indicó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2020 fallecieron mil 413 personas de menos de un año y hasta los 24 años de edad por esta enfermedad.
En su resolutivo, que se publica este miércoles, la juzgadora advirtió que en caso de que los responsables incumplieran el mandamiento judicial, implicaría el delito "un abuso de autoridad” y por ello denunciaría el desacato ante la Fiscalía General de la República.
“Reitérese a las autoridades responsables que el incumplimiento de la medida cautelar implica el delito de abuso de autoridad previsto por el Artículo 262 Fracción III y 265 fracción I, de la Ley de Amparo y sancionado por el numeral 215 del Código Penal Federal, por lo que cualquier violación a la misma dará lugar a que se dé vista al agente del ministerio público de la federación para los efectos conducentes”.
La Jornada publicó que debido al regreso a clases presenciales en la educación básica, los padres siguen tramitando cientos de amparos de manera particular o colectiva en la Ciudad y Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Puebla, Sinaloa, Durango y San Luis Potosí y otras entidades, para que el gobierno federal inocule a sus hijos contra el Covid-19.
Los juzgados de todo el país reciben en promedio hasta 200 recursos al día, promovidos por tutores, colectivos u organizaciones no gubernamentales. Hasta el pasado 8 de octubre se habían presentado 4 mil 613 demandas de amparo contra la Secretaría de Salud (Ssa) para que se aplique la vacuna anti Covid-19 a personas menores de 18 años de edad; en tanto. En mil 747 demandas, los juzgadores negaron la posibilidad de que los menores de edad sean vacunados.
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