García y Rodríguez vulneraron derechos del infante; no hay ''adopciones temporales'': DIF

Carolina Gómez Mena

El Sistema Nacional Para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) precisó que la “legislación vigente en México establece que la adopción es un medio alternativo de cuidado familiar definitivo, por lo que no existen adopciones temporales”.

Acotó que puede haber “acogimiento familiar”, pero esa figura debe “observar requisitos y el procedimiento establecido en la ley”.

Lo anterior lo mencionó con “relación al caso del supuesto ‘permiso de convivencia familiar’ denominado en algunos medios de comunicación como ‘adopción temporal’, a través del cual el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León habría permitido el egreso de un niño que se encuentra bajo los cuidados del Centro de Asistencia Social (público) Capullos con el matrimonio integrado por Samuel García Sepúlveda, gobernador de dicha entidad, y por Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina Amar a Nuevo León.

El Sistema Nacional DIF indicó que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA) desde el sábado pasado requirió mediante oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Nuevo León información sobre el supuesto “proceso de adopción por un fin de semana” o algún otro medio alternativo de cuidado familiar que justifique que el niño quedara bajo el cuidado del referido matrimonio”.

Detalló que se otorgó un plazo de 72 horas a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para remitir la información solicitada, por lo que una vez recibida y realizado el análisis respectivo, se “determinarán las medidas que resulten procedentes”.

El Sistema Nacional DIF indicó que “al mostrar en un video el rostro del niño de cinco meses de edad en las redes sociales del mencionado matrimonio y luego de que éste fuera replicado por algunos medios de comunicación, además de revelar su nombre y los problemas de salud que enfrenta, existe una clara vulneración de derechos (a la intimidad y a la protección de datos personales), reconocidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuya observancia es obligatoria en todo el país”.

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Por su parte, la organización internacional Save The Children señaló que haber sacado a un bebé con discapacidad del DIF estatal para que el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez convivieran con él durante el pasado fin de semana vulneró el derecho a la vida privada y a la identidad del menor y podría incluso tratarse de un delito de trata de personas.

La polémica comenzó el fin de semana, cuando Mariana Rodríguez, quien tiene 2,2 millones de seguidores en Instagram, se llevó al niño a su casa con un presunto permiso para pasar el fin de semana con él y mostrarlo en sus redes sociales.

Save The Children condenó lo ocurrido el pasado 15 de enero, y solicitó que de manera urgente se “adopten medidas necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”.

“El niño quedó expuesto y fue víctima de diversas violaciones a sus derechos como Derecho a la vida privada, Derecho a la identidad, Derechos relacionados con la aplicación del interés superior establecido en la Constitución", señaló la organización. 

“Puede haberse cometido inclusive el delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos y mercantiles en las comunicaciones de sus redes sociales”, explicó la organización.

Save The Children urgió a las autoridades federales a investigar el caso y a cuestionar “¿Qué buscaba una acción como esta?, ¿Es esto lo que necesita un niño? ¿Ser expuesto en redes sociales y medios de comunicación?”.

La crítica de Save The Children se suma a la queja de oficio que inició este lunes la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la salida del menor, quien padece una discapacidad en el sistema nervioso, del albergue DIF Capullos.

La CEDH también envió un exhorto al DIF para solicitar que se garantice el derecho a la intimidad y protección de datos personales de los menores de edad.

Por otro lado, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) acusó al mandatario de Movimiento Ciudadano y su cónyuge, de buscar "rédito mediático y económico detrás de una motivación aparentemente humanitaria". 

“Sin importar que detrás de estos hechos pudiera haber una aparente motivación humanitaria, es fundamental recordar que niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y que es obligación del Estado, y de sus representantes, velar por estos derechos en primer término”.

La Redim indicó que el DIF debe seguir directrices “sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños, expedidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, señaladas en “la Convención de los Derechos del Niño” y pidió no trivializar o descuidar el cuidado de los menores.

“Se debe recordar que la Ley general de derechos de niñas y niños prohíbe en sus artículos 68 y 80 la difusión de imágenes de niñez y se llama la atención en especial cuando son víctimas. Este bebé está bajo responsabilidad jurídica del DIF local y precisamente por ello no puede ser expuesto de ninguna forma, pues se le revictimiza”.

Ambos artículos señalan la obligación de no difundir imágenes de menores en donde se vulnere su derecho a la vida privada.

Este martes en el Congreso local, la diputada Jessica Elodia Martínez, coordinadora de la bancada de Morena, presentó un exhorto para solicitar al gobernador y a su esposa que informen la figura jurídica bajo la cual se sustentó la extracción del menor.

También solicitaron a Miguel Ángel Sánchez, director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF), informe sobre el mismo procedimiento.

García y Rodríguez, quienes han llamado la atención nacional por sus polémicas en redes sociales, han justificado el acto para concienciar sobre las condiciones en las que viven los niños en el sistema público del DIF.

Una encuesta de la agencia Poligrama reveló este martes que casi dos terceras partes de la población de Nuevo León, el 64  por ciento, aprobó que la pareja se haya llevado al niño unos días.

De igual forma, 66 por ciento consideró que el acto "ayuda a que la gente conozca la situación de los niños huérfanos y se sensibilice".

Con información de Efe.

Edición: Estefanía Cardeña