Laura Gómez Flores
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que buscará imputar a ocho personas físicas -entre ellas el ex director del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas- y dos representantes de personas morales por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daños culposos, tras el colapso de la línea 12, ocurrido el 3 de mayo pasado, que dejó 26 muertos y 103 lesionados.
En un mensaje a medios, previo a la audiencia de vinculación del caso en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México, la titular de la dependencia, Ernestina Godoy Ramos, informó que el colapso fue originado por “diversos errores en su construcción”.
Además, con base en una investigación científica, profesional y detallada se identificó que el diseño de la llamada Línea Dorada “presentaba deficiencias que ponían en riesgo la estabilidad estructural a largo plazo de la obra”.
El acuerdo entre la constructora Cicsa y el Gobierno capitalino ha avanzado en los términos acordados con la Secretaría de Obras, que incluye el reforzamiento y la reconstrucción del tramo elevado de la línea entre la estación Periférico y la terminal Tláhuac.
De esta manera, se permitirá a los habitantes usarla de forma segura y con ello garantizar la no repetición de hechos, aunque la naturaleza culposa de los hechos permite que las personas involucradas acceder a soluciones alternas para concluir el proceso.
Hasta el momento, 90 por ciento de las personas que sufrieron lesiones y familiares de las personas que fallecieron han aceptado un acuerdo reparatorio, lo que abrevió la realización de un juicio largo y desgastante que desembocaría en ordenar la reparación del daño.
“Sabiendo que no hay monto que pueda reparar la pérdida de un ser querido y de acuerdo al principio de justicia alternativa, se preparó un diagnóstico que ponderó el ingreso que dejaron o dejarán de percibir las víctimas.
“Así como las medidas que aseguren la salud, la educación y la seguridad de los niños huérfanos para terminar sus estudios, y la afectación a otras personas, por lo que el proceso de suscripción de los acuerdos reparatorios es histórico y no cuenta con precedentes dada la temporalidad, alcances y la sensibilidad para las partes”, destacó.
Reiteró su llamado respetuoso a quienes decidieron no firmarlo a que se acerquen a la Fiscalía y con ello mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos reparatorios.
La fiscal destacó que, “cuando se llega a la verdad mediante una investigación científica y profesional, se garantiza el acceso a la justicia, se pone al centro a las víctimas, se logra la reparación del daño y la garantía de no repetición. No existe impunidad ni olvido”.
“Tradicionalmente se piensa que la justicia consiste únicamente en cárcel para quienes deben ser sancionados, sin embargo, se ha demostrado que para lograr una verdadera justicia debemos empezar por las víctimas, eso es lo que conocemos como justicia restaurativa, esto es lo que hemos logrado con este proceso y lo seguiremos trabajando”, puntualizó.
Edición: Ana Ordaz
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