Alistan consulta en Tlaxcala sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas

Roberto García

Al calificar de “histórica” la Recomendación General 39 sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas, la cual será emitida en octubre próximo, funcionarias, representantes de organismos de la ONU e integrantes del Comité Cedaw, anunciaron que esta semana se realizará en México la consulta regional. A esta cita presencial que se efectuará en Tlaxcala asistirán unas 70 representantes del continente.

En la inauguración del Diálogo Nacional sobre el proyecto de la Recomendación General 39, en el que poco menos de un centenar de mujeres de pueblos originarios harán sus aportaciones como país, Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) destacó que México sea sede de esta consulta regional y reafirmó que la política exterior del actual gobierno es “feminista”.

En el Centro Cultural Los Pinos, adelantó que “las instituciones nacionales vamos a trabajar en coordinación para que todas las entidades federativas cuenten con un marco normativo e institucional para cumplir con estas recomendaciones”.

Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) remarcó que “la Cedaw es un instrumento internacional vinculante por eso es tan importante, porque lo que se dice ahí, tenemos la obligación de hacerlo”. Aseguró que todo aquello que se acuerde en este diálogo -que empezó hoy y termina mañana-, no solo se llevará a la Recomendación; “también que se nos quede para la política nacional, no somos candil de la calle y oscuridad de la casa, lo que oigamos aquí lo vamos a trabajar en las políticas públicas”.

La mexicana, Leticia Bonifaz, una de las 23 expertas que integran el Comité Cedaw señaló a La Jornada que la referida recomendación ha sido “nuestra razón de ser” en los últimos años”; “se tuvo apoyo del todo el Comité, y ahora se hacen consultas regionales en todo el mundo”.

Subrayó que México sea sede para la consulta de la región y dijo que esta observación general se debe a que “no se está haciendo lo que se tiene que hacer; hay un Convenio de pueblos indígenas, pero es para hombre y mujeres”, hasta ahora no hay algo exclusivo para mujeres y niñas originarias.

Pressia Arifin-Cabo, representante adjunta de Unicef en el país, expuso que “las niñas y adolescentes indígenas en México entre 12 y 14 años reportan mayores tasas de embarazo adolescente que el resto de la población; respecto a la violencia basada en género, las mujeres y niñas indígenas corren un riesgo desproporcionado de sufrir violencias, acoso, asesinatos y feminicidios”.

Sobre el derecho a una educación de calidad, en lo que respecta a la población indígena, a partir de los 12 años se observa un acceso escolar menor en las niñas que en niños”.

La representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz, dijo que éste será “uno de los instrumentos internacionales más importantes de la historia de los derechos de las mujeres; es el resultado de la demanda y propuesta de mujeres indígenas de todo el mundo ante la ausencia de un instrumento internacional que profundice cuáles son las distintas formas de discriminación que viven las mujeres y niñas indígenas”.

Guillermo Fernández-Maldonado Castro, representante en el país de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expuso que en la reunión de hoy y mañana se elegirán las delegadas para la consulta regional en Tlaxcala.

Explicó por qué se requiere una observación general como ésta. “Con frecuencia los tratados internacionales no son claros en el contenido; esto es un obstáculo para que los propios Estados puedan cumplir bien las obligaciones, pero también un obstáculo para reclamar los derechos. Las observaciones generales que emite un comité buscan responder esta necesidad, además se integra dentro del marco normativo”.

Las recomendaciones generales “aclaran el contenido y alcance de los derechos que se reconocen, y el contenido y alcance de las obligaciones del Estado. Es por lo tanto una guía técnica fundamental para facilitar que los Estados cumplan mejor sus obligaciones, pero también es una alerta sobre qué acciones u omisiones podrían considerarse una violación o incumplimiento”.
 

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Edición Astrid Sánchez