Laura Gómez Flores
La Ciudad de México se ha convertido en la principal receptora de periodistas en situación de Desplazamiento Forzado Interno, debido al riesgo que corren de seguir en sus entidades de origen, lo que demanda reformular los mecanismos de articulación institucional para atenderlos integralmente, informó la Comisión de Derechos Humanos local.
Un total de 72 periodistas, recordó, se encontraban en la ciudad en el año 2020, como parte de las Medida Urgentes de Protección; entre ellas 15 mujeres y por lo menos 11 que se trasladaron con sus familias.
Dicho fenómeno exige de las autoridades una atención integral durante su estancia, que comprende aspectos psicosociales, acceso a un nivel de vida adecuado, vivienda, empleo, salud y educación, indicó.
Este año la conmemoración del Día de Libertad de Expresión en México, afirmó, se da en un contexto profundamente preocupante; las agresiones a periodistas y comunicadoras de medios tradicionales y digitales, en particular las que culminan en asesinatos, han aumentado de forma alarmante.
Desde 2010, el Informe Especial sobre Libertad de Expresión en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya identificaba al país como el más peligroso del continente para el ejercicio periodístico, con 10 homicidios.
Hoy, sin embargo, se ocupa ese lugar, pero a nivel mundial, apenas delante de países como Corea del Norte, Siria y Vietnam, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, registrándose ahora en sólo 6 meses 11 asesinatos, destacó.
La libertad de expresión es un derecho de todas las personas, no sólo de periodistas o defensores de derechos humanos, pero debido al relevante papel que desempeñan estos últimos en la sociedad, cuando se les priva de este derecho merece una atención distinta.
Su trabajo, argumentó, debe ser valorado, en función del deber que tiene el Estado para garantizar que toda persona tenga libre acceso a información plural y oportuna, tal como lo establece el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El abanico de las agresiones es amplio, Artículo 19 emitió solo en abril y mayo pasados 10 alertas relacionadas con: allanamiento, acoso judicial, amenazas y abuso de la fuerza pública en agravio de personas periodistas.
Además el 54 por ciento de los Organismos Públicos de Derechos Humanos del país han observado un incremento en amenazas, por lo que se requiere, de manera urgente, que se recupere la confianza de periodistas y defensoras de derechos humanos en las instituciones.
El avanzar en lo inmediato en la revisión del marco normativo del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es urgente, porque, de acuerdo con el Diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), será insostenible en 2024 por el número creciente de personas acogidas.
Mencionó que, en dicha revisión deben participar periodistas y la sociedad a fin de reformular las herramientas y mecanismos de coordinación y articulación de acciones efectivas y eficientes entre la federación y los estados; ya que, sin esa acción integral, la actual situación de emergencia no va a frenarse.
Edición: Laura Espejo
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