Sin haber cometido un delito y sin la posibilidad de obtener una buena defensa, Gladys pasó dos temporadas en prisión a causa de un delito que cometió su pareja, mientras él ni siquiera fue detenido.
Fue gracias a la Defensoría Pública que Gladys pudo recuperar su libertad que perdió desde el año 2015 al verse involucrada en una pelea callejera.
La mujer de 31 años fue detenida luego de que al intervenir en una pelea callejera de su pareja, a él le encontraran un celular robado y mil 500 pesos. A pesar de no estar involucrada en el delito, Gladys fue recluida en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Al ser juzgada por el delito de robo agravado calificado se le impuso una pena de 4 años y 9 meses de prisión.
Gladys era comerciante y se dedicaba a repartir comida, tiene dos hijos menores de edad y esta sentencia la separó de su familia.
Tras cumplir unos meses en prisión, la joven salió de la cárcel bajo suspensión condicional y tuvo que presentarse periódicamente en los juzgados, pero por una condición de salud no cumplió con el requisito legal y fue aprehendida nuevamente.
Gladys continuaba con el cumplimiento de la pena hasta que fue apoyada por la Defensoría Pública Federal, que se encargo de brindar asesoría jurídica y agilizar los trámites para su liberación.
Netzaí Sandoval Ballesteros, director general del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), acusó que el caso de Gladys es una evidencia de la justicia machista que predomina en el país.
“La persona que sí estaba involucrada, su entonces pareja, estuvo libre. Ella no tuvo nada que ver y sufrió una pena fuerte. También nuestro sistema de justicia castiga de una forma severa a las mujeres. ¿El robo de un celular que se recuperó merece una pena de más de 4 años? Estamos frente a un sistema punitivista que castiga a las personas más vulnerables”, comentó en un comunicado.
En total, Gladys estuvo 2 años y seis meses en prisión y fue beneficiada con el convenio entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Gobierno de la Ciudad de México para que defensores públicos federales intervengan en asuntos del fuero común.
Ahora Gladys se encuentra bajo libertad condicional bajo la modalidad de supervisión sin monitoreo electrónico.
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