César Arellano García
Un juez federal con sede en Coahuila, dictó vinculación a proceso en contra del propietario de la mina El Pinabete, Cristian Solís Arriaga, por su probable responsabilidad en el delito de explotación ilegal de bienes nacionales.
El Ministerio Público Federal (MPF), dio a conocer que en continuación con la audiencia inicial y al haber aportado suficientes datos de prueba, logró obtener del Juez de Control de la Sala del Poder Judicial de la Federación, la vinculación a proceso por el delito en mención y se fijaron cuatro meses de investigación complementaria, al determinarse que el imputado presuntamente se encontraba explotando de manera ilícita el bien perteneciente a la Nación, en la mina El Pinabete.
La Fiscalía General de la República informó que el imputado continuará con la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Readaptación Social Número 18 de Ramos Arizpe, Coahuila.
Cabe señalar que se continúa en la búsqueda y localización de otros dos señalados como responsables de la explotación ilegal y otros delitos relacionados con el accidente que ocasionó la muerte de 10 personas, y quienes son identificados como Arnulfo G y Luis G.
Los tres están acusados de delitos relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales, que consisten en aprovechar o explotar un bien que pertenece a la nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización. En tanto, la Interpol emitió una ficha roja de localización y detención en contra de los otros dos acusados.
El pasado 25 de septiembre fue cuando la FGR informó que fue detenido Solís Arriaga, por ello fue puesto a disposición del juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Torreón, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.
Negación de su suspensión definitiva
El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le había negado la suspensión definitiva a Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se liberó en su contra.
Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022. Por ello, el impartidor de justicia le había concedido la suspensión provisional y en ese entonces le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para que la suspensión se mantuviera vigente.
No obstante, el impartidor de justicia le negó la medida cautelar pues argumentó que la autoridad que el quejoso señaló como responsable, en este caso al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Coahuila, con sede en Monclova, no existe, además de que no pagó dicha garantía, por lo que la suspensión provisional dejó de surtir efecto.
Edición: Emilio Gómez
Jueza adscrita al penal estatal de Chalco amplió a octubre la etapa del cierre de investigación
La Jornada
Unos 3 mil productores serán beneficiados con sistemas modernos y eficientes
La Jornada Maya
Robert De Niro recibirá una Palma de Oro honorífica en el evento
Ap / Afp
Amenazó con suspender bienes y salarios a los más de 10 millones de indocumentados
La Jornada