Con 486 votos en favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó ayer reformas a la Ley del Seguro Social para que las personas trabajadoras del hogar tengan IMSS y los cinco seguros que dicha legislación establece, como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
El documento, que pasa al Ejecutivo para su publicación, establece que los empleadores deberán inscribir en el Seguro Social a los trabajadores desde el inicio de la relación laboral, retener la cuota obrera correspondiente y pagar las cuotas ante el instituto.
La aprobación con el voto de todos los partidos se dio tras la operación de un programa piloto establecido por el IMSS a partir del primero de abril de 2019, con el fin de diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para estos empleados. Al amparo de éste, hasta diciembre de 2021 se habían afiliado al instituto 41 mil 373 personas, de las cuales, 34 mil 693 han registrado a 50 mil 435 beneficiarios, principalmente hijos, y se estima que esa última cifra podría llegar a 68 mil.
Informes del programa refieren que 67 por ciento de quienes trabajan en el hogar son mujeres, con una edad promedio de 50 años, y el 33 por ciento restante son hombres, con un promedio de 54 años.
Al fundamentar el dictamen ante el pleno cameral, Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) puntualizó que este tiene un significado histórico para México, ya que representa un paso importante en el propósito de lograr el acceso universal a la seguridad social, al sentar las bases normas para la incorporación de un sector de trabajadores que habían sido discriminados e invisibilizados, que representan alrededor de 2.2 millones.
Añadió que al ser reconocidos como sujetos de aseguramiento obligatorio, tendrán derecho a los cinco beneficios previstos en la ley del IMSS: enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de guarderías y prestaciones sociales.
En su sesión de este jueves, los diputados también aprobaron, con 472 votos en favor y cero abstenciones y sufragios en contra, cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para que haya programas especiales de educación y becas de capacitación que permitan a esta población acceder a un trabajo digno.
De igual forma, se fomentará su capacitación y acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, establece la minuta que será turnada al Senado para su análisis.
Antes de empezar el puente por el Día de Muertos, los legisladores avalaron reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, para fomentar la no reincidencia y la adecuada integración social del sentenciado, mediante los servicios educativos que reciben los reclusos.
Si al momento de otorgarse la libertad condicionada la autoridad penitenciaria no cuenta con dispositivo de monitoreo electrónico, el juez podrá establecer un convenio judicial de pago o caución suficiente para cubrir su costo. Una vez establecida esa medida, se procederá a la excarcelación, señala el dictamen.
Edición: Laura Espejo
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