A un mes de que termine el plazo para el retiro de anuncios espectaculares en azoteas de Ciudad de México, cuatro empresas de publicidad exterior se resisten a quitar casi 250 estructuras que están prohibidas por la nueva ley en la materia, sostuvo el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa Pérez.
En entrevista, el funcionario informó que Cynesa, ATM, Lagunas y Raksa son las infractoras y si no retiran sus espectaculares antes del 7 junio serán sancionadas con un millón de pesos por anuncio –aplica también a la marca que se promociona– e incluso se procedería penalmente por incumplimiento de la ley.
Agregó que se han retirado 680 estructuras –y se tiene el compromiso de quitar 125 en los próximos días– de mil 200 que se tienen identificadas, todas con cargo a las empresas propietarias.
Explicó que los anuncios desmontados significan un ahorro al erario de 102 millones de pesos, si se considera que antes esa tarea la realizaba el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que desde que se empezó a trabajar en el reordenamiento de la publicidad exterior se les advirtió a los corporativos que debían hacerse responsables del retiro.
Salvo en dos casos, puntualizó que la autoridad ha tenido que retirar algún anuncio –cuyo costo va de los 150 a 250 millones de pesos– por el inminente riesgo que representaba en materia de protección civil y para evitar algún accidente, pero se ha enviado al particular la factura por el costo de dicha operación; en caso de no cubrirla antes del 6 de junio, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Al señalar que durante años se dejaron de pagar derechos al gobierno por la explotación del espacio público con la publicidad exterior, Ulloa detalló que las vialidades más saturadas con esa contaminación visual son Viaducto Tlalpan, Periférico, Circuito Interior e Insurgentes.
Una vez que concluya el retiro, continuará la regulación de los anuncios autosoportados, con un padrón de 900, de los cuales 100 son irregulares y deberán ser quitados también por no contar con licencia, pues no pagan derechos, están en zonas de riesgo, dentro de un predio o cerca de una escuela, entre otras.
“No vamos a ser omisos, se harán públicas las empresas que no estén cumpliendo con la ley, que la ciudadanía lo sepa y las marcas para que no las contraten.”
Edición: Emilio Gómez
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