El delito de tortura se comete con agresión física y sicológica a cualquier persona y más si, “como está claro en el video, se trata de alguien que está sometido, atado de manos. La amenaza también es tortura”. Si Tomás Zerón considera que es inocente, “debería venir (a México) y asumir su defensa en los tribunales”, afirmó Vidulfo Rosales, vocero de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En entrevista, comentó sobre las declaraciones de quien fue director de la ex Agencia de Investigación Criminal (AIC) a la BBC, en las que afirma que no cometió tortura en contra de los acusados por la desaparición de los normalistas, pues según él “no tenía necesidad” de hacerlo.
La realidad es que esos señalamientos se han convertido en una “confesión lisa y llana” del delito que se le acusa, planteó Rosales. “No hay nada que alegar”, tampoco sobre su responsabilidad en el traslado sin seguir el procedimiento legal de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, a quien llevaba a bordo de un helicóptero y le señaló el sitio en el río San Juan donde supuestamente fueron abandonados los restos de los estudiantes, como después aseguró la entonces Procuraduría General de la República.
Para Rosales, lo que está haciendo Tomás Zerón con sus declaraciones a medios de comunicación es un juego político, “jugar al perseguido y afirmar que se hace un uso político de su caso”, confiado en la protección que le otorga Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición.
Agregó que los padres de los estudiantes están convencidos de que el ex policía representa una “pieza central” en la investigación sobre el paradero de los jóvenes y el gobierno debería darle prioridad, lo mismo que al caso de José Ulisés Bernabé, ex director de barandilla municipal de Iguala, Guerrero, quien tuvo a su disposición a 17 de los normalistas desaparecidos y hay evidencia de que los entregó al grupo criminal de Guerreros Unidos.
Ahora, el ex funcionario se encuentra en Estados Unidos como asilado político. Según Rosales, el gobierno de la República ha sido omiso en demostrar que Bernabé no es un perseguido político, sino que está acusado de un delito de lesa humanidad y debe ser extraditado.
Resaltó que ya “el tiempo apremia y se le está agotando a este gobierno”. Por eso, dijo, es importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador reciba a los padres de los normalistas, se deje de lado la confrontación estéril y se aborden los asuntos fundamentales de la indagatoria.
Edición: Estefanía Cardeña
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