Una juez federal ordenó la libertad de los ocho militares acusados de estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, luego de cambiar la medida cautelar de prisión justificada al beneficio de enfrentar su proceso en libertad.
Con ello, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz, continuarán en libertad el proceso penal que se inició en su contra por el delito de delincuencia organizada.
Con esta resolución ya no está en prisión ningún militar relacionado con el caso Ayotzinapa ni tampoco integrantes de las Fuerzas Armadas presuntamente relacionados con la organización de Guerreros Unidos y no significa que ya hayan sido declarados en libertad absoluta, sino que llevarán sus procesos en libertad.
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Fuentes judiciales confirmaron que la Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federal con sede en Toluca, en el estado de México, Raquel Duarte Cedillo, les impuso como medida cautelar el pago de la garantía de 100 mil pesos.
Tendrán que realizar la presentación periódica quincenal los días uno y 16 de cada mes, ante el juzgado de distrito; tiene la prohibición de salir del país entregando al juzgado, en su caso, el original de su pasaporte; la prohibición de acercarse al lugar de los hechos, específicamente el estado de Guerrero, y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos, siempre que no afecte el derecho de defensa.
En febrero, a Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares acusados de participar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta vez el Ministerio Público Federal les imputó la comisión del delito de delincuencia organizada.
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De acuerdo con información proporcionada en su momento por el abogado Alejandro Robledo, alrededor del mediodía el mandamiento judicial fue cumplimentado contra tres de los elementos que recientemente habían obtenido el beneficio para enfrentar en libertad el proceso en el que se les acusa de desaparición forzada.
El litigante dijo desconocer las causas que se les imputan en esta nueva acusación; sin embargo, un testigo protegido de la FGR señaló que los militares colaboraban con el cártel Guerreros Unidos, al que se ha atribuido participación directa en la desaparición de los 43 jóvenes.
Las organizaciones que acompañan a los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos señalaron que el cambio de medida cautelar de los ocho miembros del Ejército presuntamente involucrados en los hechos, demuestra que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “sigue litigando a favor de los militares acusados en el caso”.
A lo anterior, se suma a la “reticencia” de entregar todos los documentos en poder del Ejército, entre ellos más de 800 folios que los padres de los estudiantes han demandado desde el año pasado, recalcaron los centros de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Serapaz, entre otros.
Esto confirma, apuntaron, “lo que hemos visto en los últimos años: el Poder Militar, sin contrapesos, afecta a la justicia y el esclarecimiento del caso.
Las organizaciones consideraron que la determinación de la Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca fue tomada con un “criterio parcial y sesgado”.
Edición: Emilio Gómez
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