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La Jornada Maya
11/09/2024 | Ciudad de México
Con info macón de Efe y Ap
La reforma al Poder Judicial, que implica enmendar la Constitución de México, fue aprobada en el Senado con 86 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 41 en contra de los partidos de oposición Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC).
Ahora, busca su aval en los Congresos locales. En este texto, La Jornada Maya te explica la reforma judicial y qué sigue tras su aprobación en el Senado.
¿Qué propone la reforma al Poder Judicial?
La propuesta presentada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, permitirá -a partir de 2025- elegir a los jueces por voto popular, es decir, que los ciudadanos serán los encargados de elegir más de mil 600 cargos judiciales.
Además de establecer la elección de jueces por el voto popular, la reforma permite crear un órgano disciplinario para vigilar las sentencias que dicten, lo que es visto por sus detractores como un intento de vulnerar la independencia judicial, la democracia mexicana y la división de poderes.
La reforma también creará los llamados "jueces sin rostro" para conocer los casos de crimen organizado, para proteger sus identidades y evitar represalias, amenazas o presiones en su contra.
Reducirá la Corte Suprema de 11 jueces a nueve, y sus mandatos de los 15 años actuales a 12.
Para postularse a algunos puestos de juez será necesario tener un título en derecho, buenas notas, cinco años de “experiencia en el área judicial” no definida y una carta de recomendación.
Un comité de expertos seleccionará las candidaturas de los aspirantes, en algunos casos, los nombres de los finalistas se elegirían de entre un grupo de expertos. Los jueces de la Corte Suprema tendrán que tener 10 años de experiencia, pero también serán elegidos.
La propuesta establece límites a las campañas y al gasto.
¿Qué sigue tras su aprobación en el Senado?
Tras ser avalada en el Cámara de Diputados -sin mayores problemas debido la mayoría calificada de Morena- y en el Senado de la república, la reforma judicial debe ser ratificada en 17 de las 32 legislaturas estatales del país. Lo cual podría ocurrir en los próximos días, debido a que el partido guinda obtuvo -en las elecciones del 2 de junio- la mayoría en 27 congresos locales.
Una vez ratificada en los 17 congresos locales puede ser promulgada.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ya empezó a establecer reuniones de trabajos “preparatorios”, para delinear la ruta, así como posibles escenarios para la elección de ministros, magistrados y jueces, que está prevista para junio de 2025.
Además del costo y el tiempo que implica organizar elecciones tan multitudinarias, todos los jueces actuales deberán ser despedidos y recibir una indemnización.
Los jueces despedidos podrían presentarse como candidatos. Muchos de los que serán elegidos tendrán que acudir a tribunales especializados y tribunales de apelación.
La polémica reforma
La reforma judicial es la primera en el mundo que permitirá al pueblo elegir a sus jueces y magistrados. Antes, en 2009, Bolivia implementó el voto para algunos cargos de juez, pero muchos votantes emitieron votos en blanco y el proceso ha quedado congelado por el momento.
Mientras que algunos países como Suiza y Estados Unidos eligen a algunos jueces de manera indirecta o a nivel local.
Las críticas no sólo han provenido de la oposición mexicana, sino de organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asociaciones como Human Rights Watch, organizaciones internacionales de abogados y los socios del tratado de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá
Algunos expertos y observadores han sugerido que la reforma podría tener el efecto opuesto y permitir que individuos corruptos y criminales tengan más influencia sobre el sistema de justicia.
Los críticos dicen que perjudicaría al poder judicial, llenaría los tribunales con jueces que favorecen al partido del presidente, permitiría que cualquiera con un título en derecho se convirtiera en juez e incluso facilitaría que políticos y criminales influyeran en los tribunales.
Ha asustado a los inversores y ha llevado al embajador estadounidense, Ken Salazar, a calificarlo de “riesgo” para la democracia y una amenaza económica.
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Edición: Estefanía Cardeña
