Alfredo Valadez
El teatro Centenario Toma de Zacatecas, en el que se invirtieron 404 millones de pesos del erario federal y estatal, en los gobiernos priístas de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, presenta múltiples fallas estructurales, sigue inconcluso y nunca será puesto en operación, por los graves riesgos de derrumbe que implica, a una década de haber sido erigido.
A través de la Secretaría de la Función Pública, el gobierno del morenista David Monreal Ávila dio a conocer ayer el dictamen técnico de la obra; señaló a los ex mandatarios como responsables de construir lo que según se proyectó entonces sería el auditorio más grande y moderno de la capital del estado, y que terminó siendo "el mayor monumento a la corrupción, a la colusión y a la impunidad".
Si la actual administración estatal quisiera rehabilitar el teatro, cuya edificación inició en 2014 y se "inauguró", con la asistencia de un centenar de burócratas, el 11 de septiembre de 2016 por Miguel Alonso Reyes (actual secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional), costaría 700 millones de pesos corregir las fallas estructurales y ponerlo en funcionamiento.
A pesar de que se pagaron todas las facturas y estimaciones por su equipamiento, incluidos elevadores, equipos de sonido, modernas tramoyas, camerinos y hasta baños, el sitio sigue literalmente en obra negra; el espacio que se construyó para albergar a 4 mil 200 espectadores está desmantelado.
Ernesto González Romo, secretario de la Función Pública advirtió que para el presente gobierno no es viable destinar recursos públicos, para "rehabilitar" un teatro "nuevo", que nunca ha operado, y de cuyo techo, cuando llueve, "cae el agua como en una cascada".
Por el contrario, las autoridades analizan la posibilidad de demoler el elefante blanco, edificado con centenares de toneladas de vigas de acero, lámina y cemento, lo que implicaría un gasto de 50 millones de pesos.
Si el teatro hubiera sido erigido con los materiales de calidad con que se proyectó, indicó González Romo, el inmueble costaría hoy mil 200 millones de pesos, por la inflación. Pero todo el conjunto se considera "chatarra".
"Este colosal monumento a la corrupción tuvo un costo total de 404 millones de pesos, de los cuales, la mayoría de los recursos provenían del ramo 23, es decir, 337 millones de pesos, y el resto, 67 millones de pesos, del gobierno estatal", explicó el funcionario.
Precisamente de ese fondo federal, el ramo 23, añadió, “se ha documentado a nivel federal, que este era conocido como el fondo moche, pues este ramo era utilizado para dar ‘gestión’, a las diputadas y diputados federales.
"Se presupuestaron recursos sin proyecto, sin viabilidad técnica, simple y sencillamente se etiquetaban, dependiendo de los acuerdos políticos que se tuvieran", sostuvo.
Ernesto González Romo acusó que tocó al gobierno de Miguel Alonso Reyes (2010-2016) construir el "bodrio", y a su sucesor en la gubernatura, Alejandro Tello Cristerna (2016-2021), quien había sido secretario de Finanzas del primero, proteger al ex mandatario y a sus funcionarios.
"Por todos los errores que se cometieron en la planeación y ejecución de esta obra, se iniciaron seis procedimientos administrativos contra siete funcionarios y contra una empresa constructora", expuso.
Sin embargo, subrayó, no hubo nunca un solo proceso penal. Se realizaron cuatro auditorías federales, que resultaron en 15 observaciones y 21 procedimientos de responsabilidades”, pero "todo fue un gran acto de simulación de fiscalizació"n.
“Nunca hubo un interés real de las entidades fiscalizadoras, de los gobiernos local y federal del PRI, de fiscalizar lo que pasaba aquí… Todos los señalamientos por cuestiones superfluas no fueron al fondo de la corrupción”. A la fecha, concluyó el secretario de la Función Pública, todos los delitos administrativos y penales que pudieron haberse configurado "están prescritos".
