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La Jornada
25/09/2024 | Ciudad de México
Un grupo de 350 artistas, académicos y activistas demandaron a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, un compromiso “renovado” para restablecer las investigaciones en el caso Ayotzinapa, con una fiscalía consensuada con las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos y los organismos que los acompañan, “para retomar las pesquisas interrumpidas tras la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo”, a finales de septiembre del 2022.
Igualmente, el “cese inmediato del hostigamiento mediático desde la Presidencia hacia las madres y padres de los 43 y los organismos defensores de derechos humanos”.
Algunos de los firmantes son el escritor Juan Villoro; los actores Gael García Bernal y Daniel Jiménez Cacho; Trinidad Ramírez, del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco; la filósofa Silvana Rabinovich; el biólogo Víctor Toledo Manzur; el maestro Francisco Bravo de la CNTE; la antropóloga Márgara Millán; la historiadora Alicia de los Ríos, y Fray Gonzalo Ituarte, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
En el pronunciamiento, también pidieron un firme compromiso de verdad y justicia por parte del nuevo gobierno, para asegurar que los responsables, civiles o militares, de la desaparición de los 43 estudiantes el 26 y 27 de septiembre del 2014 sean llevados ante la justicia, “sin exoneraciones políticas ni mediáticas, hasta que las investigaciones concluyan”.
Asimismo, retomar el proceso de Ayotzinapa como una cuestión de Estado y que el Ejército entregue los 800 folios que según las investigaciones podrían tener información sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Los activistas, artistas y académicos recordaron que Ayotzinapa marcó un punto de inflexión en la historia reciente de México.
“Fue el grito de ¡Ya Basta! que no solo expresó la indignación por los 43 normalistas, sino por las miles de personas desaparecidas que hay detrás de ellos. Simbolizó la crisis del régimen de partidos, todos involucrados de alguna manera en las estructuras estatales que, por acción u omisión, fueron responsables de la desaparición”, sostuvieron.
Señalaron que en medio de una situación “intolerable e invivible, la respuesta masiva de indignación y solidaridad se convirtió en la demanda nacional e internacional más importante de la última década para nuestro país: Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
Edición: Estefanía Cardeña
