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La Jornada
09/10/2024 | Ciudad de México
Jessica Xantomila y Jared Laureles
Más de una veintena de comunidades mayas y de colectivos solicitaron al gobierno federal que la península de Yucatán sea declarada “zona de emergencia socioambiental” ante los impactos que han tenido por años la industria inmobiliaria, las megagranjas porcícolas y avícolas, el uso de agroquímicos, así como la minería.
En conferencia de prensa, representantes de comunidades de Hopelchén, Tizimín, Bacalar, Chablekal, Maxcanú, Ixil, Kinchil, Santa María Chi entre otras en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, aseguraron que los megaproyectos han provocado deforestación, despojo de tierras, “una disminución masiva” de abejas y contaminación del agua y la tierra.
Silvia Beatriz Chalé, originaria de Chablekal, expuso que las industrias porcícola y avícola “están contaminando nuestro suelo, el acuífero maya. Hay más de 800 granjas porcícolas en Yucatán y muchas de ellas se encuentran sin el permiso ambiental; también tenemos 350 granjas que están en zonas protegidas. Sin embargo, hasta hoy ninguna de las instituciones han podido establecer mecanismos para cambiar todo este sistema”.
En el caso de la industria inmobiliaria, indicó que su expansión no sólo afecta a la zona costera de Mérida, sino también a Bacalar y Campeche. “En contubernio con la mafia agraria, con las instituciones de todos los niveles están permitiendo el despojo de las tierras de los pueblos… les quitan el derecho que tienen a la tierra y los recursos”.
Itzel Pech, originaria de Hopelchén, mencionó que su municipio es el más deforestado del país, pues se calcula que suman “410 mil hectáreas” entre los años 2000 a 2024.
Además, dijo que en su comunidad Ich-Ek, con alrededor de mil habitantes “tenemos 10 casos activos de cáncer por el uso excesivo de plaguicidas, sobre todo de la agroindustria”. Refirió ya se han amparado también para que no se cultive soya transgénica, por ejemplo.
Los representantes de las comunidades mayas también alertaron sobre la agroindustria menonita, “que no solamente se ha quedado en Hopelchén, sino que que el corredor operado por este grupo grande de menonitas está permeando la Península. Toda esta muerte de abejas responde a este crecimiento de la agricultura industrial”.
Otro problema, destacaron, es “la destrucción de los cenotes y deforestación de millones de árboles por el proyecto del Tren Maya y el establecimiento de cerveceras que secan y salinizan nuestro manto freático”.
Ante ello, Jorge Fernández, del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal, detalló que la declaratoria de emergencia socioambiental que han hecho los representantes de comunidades mayas, ya fue entregada a la Presidencia y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, entre otras dependencias federales y próximamente se llevará ante gobernadores de cada estado involucrado.
“La idea es que a través de la Ley general de Protección Civil, que faculta al Ejecutivo para establecer medidas de emergencia inmediata, no sólo por catástrofe natural sino también derivadas de actividades antrópicas, se establezcan medidas y mecanismos para detener todos los impactos que se han generado con estos megaproyectos y generar medidas de reparación”, manifestó.
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Edición: Fernando Sierra
