La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a Líbano la extradición el empresario textilero Kamel Nacif Borge para que enfrente a la justicia mexicana por su presunta responsabilidad en el delito de tortura cometido en contra de la periodista Lydia Cacho.
El Ministerio Público Federal reactivó la investigación de este caso a la llegada de la administración de Alejandro Gertz Manero y en 2019 se retomó el asunto y se lograron obtener órdenes de aprehensión en contra del empresario textilero y del ex gobernador de Puebla Mario Marín Torres.
De acuerdo con funcionarios de la FGR Kamel Nacif huyó a Líbano -su país de origen-, luego de que en abril de 2019 un tribunal unitario de Quintana Roo libró orden de aprehensión en su contra y también del ex gobernador de Puebla Mario Marín, de Adolfo Karam Beltrán y de Julián Sánchez Moreno, ex jefes de la policía local y de mandamientos Judiciales de la Procuraduría estatal, respectivamente por su presunta responsabilidad del delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro en diciembre de 2005, en represalia por haber dado a conocer una red de pederastia a través de su libro Los Demonios del Edén.
Sobre el tema el titular de la FGR dijo ayer durante una entrevista radiofónica, sin que se hubiera referido por su nombres a Nacif: “cuando nosotros llegamos, ese era un asunto que era muy doloroso y que volvimos a retomar porque se había perdido, y logramos obtener, las órdenes de aprehensión que nadie había podido obtener, y una vez que las obtuvimos, a uno de los delincuentes ya lo tenemos en la cárcel, el otro huyó a Líbano donde tenemos un proceso de extradición”.
La FGR también solicitó desde el inicio de este año la colaboración de Interpol para localizar a Kamel Nacif, también llamado el Rey de la Mezclilla, y el hecho de que se solicite su detención provisional no significa que ya haya sido aprehendido, sino que la petición es para que se le ubique y aprenda con base en un mandamiento judicial emitido por un juez de aquella nación, explicaron funcionarios federales.
Edición: Enrique Álvarez
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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