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Dora Villanueva
20/05/2026 | Ciudad de México
La familia Weinberg, señalada como socia y prestanombres de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública cuando Felipe Calderón ocupó la presidencia, deberá pagar 578.5 millones de dólares al Estado mexicano, por concepto de reparación del daño patrimonial ocasionado por un presunto caso de corrupción, resolvió un tribunal de Florida, Miami.
Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Alexis Weinberg Pinto estaban involucrados en una demanda civil promovida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que tenía al centro a García Luna por haber usado su cargo y posteriormente sus influencias para desviar recursos públicos a través de contratos inflados en seguridad y tecnología.
La resolución que dicta a los Weinberg el pago de 578.5 millones de dólares al Estado mexicano se suma a las sentencias de mayo de 2025 que resolvieron en contra de Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, para que pagaran 2 mil 488 millones 855 mil 216 dólares al Estado mexicano, el triple del dinero público que el exsecretario de Seguridad Pública presuntamente desvió en contratos ilícitos a empresas de su propiedad o vinculadas con él.
En total, con la resolución en el caso de los Weinberg, el Estado mexicano tiene derecho a recibir 3 mil 067 millones de dólares derivado de este caso; la sentencia forma parte de un acuerdo mediante el cual los condenados deberán entregar activos identificados en distintas jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago parcial de las cantidades determinadas por la autoridad judicial, explicó la UIF.
Desde el sexenio pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la UIF, promovió un procedimiento civil en Estados Unidos para la recuperación de activos relacionados con un esquema ilícito de contratación pública vinculado al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Según Hacienda, por medio de documentación financiera, declaraciones testimoniales y elementos obtenidos mediante mecanismos de cooperación jurídica internacional se acreditó la intervención de personas físicas y morales que participaron en mecanismos destinados a la obtención indebida de contratos públicos y en la posterior transferencia y ocultamiento de recursos.
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Edición: Fernando Sierra
