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César Arellano García
10/08/2026 | Ciudad de México
La defensa de Brenda Quevedo Cruz solicitará a la Fiscalía General de la República (FGR) que se desista de la acción penal en su contra, debido a la falta de pruebas y a la acreditación de actos de tortura en el llamado caso Wallace.
En conferencia de prensa, su representante legal, Karla Michel Salas, señaló que la salida del caso no puede limitarse a esperar una sentencia, pues debido a los plazos y a los recursos interpuestos por la organización Alto al Secuestro podrían transcurrir otros 10 años antes de que concluya el proceso.
“¿Por qué no se ha cerrado o por qué no ha avanzado el proceso? Pues porque hay una serie de recursos pendientes, la mayoría presentados por la asesoría jurídica, algunos sin mucho fundamento, entre quejas, amparos, apelaciones, así como el criterio, hasta este momento, del anterior juez de que no podía declarar el cierre de la instrucción sin que se agotaran todos esos recursos pendientes”, explicó.
Agregó que, considerando los tiempos del sistema jurídico mexicano, el proceso podría prolongarse otra década, por lo que planteó que el caso sea revisado desde una perspectiva de derechos humanos y de género.
“Lo que necesitamos es que justo el caso se mire desde la perspectiva de los derechos humanos, desde la perspectiva de género (...) ya sea que se desista la Fiscalía General de la República o bien que se analice desde el Poder Judicial un sobreseimiento o un incidente de desvanecimiento de datos, porque es un caso que jurídicamente resulta ser absolutamente insostenible”, sostuvo.
Buscarán cierre del proceso
Salas indicó que otra de las vías para cerrar el caso será promover un incidente de libertad por desvanecimiento de datos, al considerar que las principales pruebas presentadas contra Quevedo Cruz son las mismas que fueron descartadas durante el proceso de Juana Hilda González.
“Vamos a promover un incidente de desvanecimiento de pruebas, justamente porque las pruebas principales bajo las cuales se sustenta ese proceso penal fueron declaradas ilegales por haber sido obtenidas mediante violaciones a derechos humanos”, afirmó.
La abogada agregó que la etapa de instrucción concluyó en 2014 y que no existen pruebas o testigos pendientes de desahogar. No obstante, señaló que el proceso continúa debido a las apelaciones, amparos, quejas e incidentes promovidos.
Por su parte, Brenda Quevedo pidió a la fiscal general Ernestina Godoy que el caso sea analizado con perspectiva de género y tomando en cuenta las violaciones a derechos humanos que, aseguró, se cometieron durante el proceso.
“Ya que se termine esto que me ha costado 20 años de mi vida para que se resuelva”, expresó.
Quevedo agradeció a su madre, Enriqueta Cruz Gómez, quien ha participado activamente en su defensa pública y en las denuncias sobre irregularidades y tortura; así como al periodista José “Pepe” Reveles, por el acompañamiento y la difusión de su caso a lo largo de los años.
También reconoció el apoyo de Netzaí Sandoval Ballesteros, quien durante su gestión como titular del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) asumió formalmente su defensa jurídica, y de la activista, productora y periodista Carmen Huete, integrante de la Red de Apoyo por la Libertad de Brenda.
“Cuando empezó esto, todo fue al revés. Había un gobierno, fiscales y comisiones de derechos humanos en contra de nosotros, todo fue al contrario, pero estamos viviendo este cambio y seguiremos en la pelea”, señaló.
Sobre su futuro, Quevedo dijo que no descarta incursionar en el activismo para defender a otras mujeres que considera injustamente encarceladas e incluso contempla la posibilidad de escribir un libro.
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Edición: Fernando Sierra
