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La Jornada
28/09/2026 | Iguala, Guerrero
Sergio Ocampo Arista
Un sobreviviente reconstruye las horas de aquella noche en Iguala. En otra parte de la misma historia, la familia del médico forense Julio César Valladares Baranda, detenido este año, cuestiona la acusación en su contra y pide que se esclarezca qué ocurrió con su trabajo y con los cuerpos que llegaron al Servicio Médico Forense (Semefo). Dos relatos distintos que vuelven sobre una historia que, doce años después, no ha terminado.
Ulises Martínez Juárez tenía previsto regresar a su casa en Tixtla la noche del 26 de septiembre de 2014. Había terminado sus gafetes y preparado los materiales que utilizaría para sus prácticas docentes. Era estudiante de tercer grado de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, integrante de la generación 2012-2016, y no tenía contemplado viajar a Iguala
Una llamada telefónica hizo que permaneciera unos minutos más en la normal. Aquella decisión lo convirtió en uno de los sobrevivientes de la noche en que seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes desaparecieron.
El punto de partida
Días antes del 26 de septiembre, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México había realizado una reunión para preparar la participación de las normales rurales en la marcha del 2 de octubre. Ayotzinapa recibiría a estudiantes de 17 normales rurales y era necesario conseguir autobuses.
Algunos jóvenes habían advertido que retirar a buena parte de la base estudiantil implicaba un riesgo, pues conseguir alrededor de 30 autobuses no sería sencillo. Ulises, que cursaba el tercer grado, tenía programadas sus prácticas docentes en Coyuca de Benítez.
Foto: La Jornada
La tarde de aquel viernes la normal comenzó a vaciarse. Ulises permanecía en su dormitorio con dos compañeros de cuarto grado, entre ellos Gerardo Torres, quien había vivido la represión del 12 de diciembre de 2011. Conversaban, escuchaban música de José de Molina y preparaban sus actividades.
Cerca de las cinco de la tarde escucharon que algunos autobuses y estudiantes comenzaban a concentrarse en el estacionamiento. Pensaron que irían a Chilpancingo por autobuses. Ya sabían que durante la mañana había ocurrido un altercado con policías estatales y federales que habían impedido que los estudiantes tomaran algunos vehículos, pero nadie imaginaba todavía que aquella salida terminaría en una persecución y en una serie de ataques armados.
Las primeras horas de la Noche de Iguala
A las siete de la noche, Ulises terminó sus gafetes. Le dijo a Gerardo que regresaría a Tixtla. Entonces supo que sus compañeros habían tomado rumbo a Iguala. Poco después recibió la llamada de quien entonces era su novia y decidió permanecer en la normal mientras hablaba con ella. Como era de Tixtla, calculaba que estaba a unos diez minutos de su casa y no tenía prisa.
Entre las ocho y media y las nueve de la noche comenzaron los golpes en las puertas y los llamados para que los estudiantes se concentraran. La información llegaba fragmentada: la policía había baleado a los normalistas, había compañeros detenidos y circulaba la versión de que había un muerto, Aldo Gutiérrez Solano, quien había recibido un disparo y posteriormente quedó en estado vegetativo. Los estudiantes decidieron organizarse para acudir a Iguala.
La primera Urban salió aproximadamente a las 21:20 horas. Ulises partió unos cinco minutos después, pero el vehículo tuvo que detenerse a cargar gasolina a las afueras de Tixtla. Ese retraso sería significativo porque la primera Urban llegó antes a Iguala y no encontró el mismo escenario que la segunda.
En el vehículo de Ulises viajaban entre 20 y 25 personas, aunque tenía capacidad aproximada para 15. Durante el trayecto intercambiaban llamadas y mensajes para conocer lo que estaba sucediendo. Sabían que había ocurrido una represión, que había un muerto y que algunos compañeros no respondían sus teléfonos, pero desconocían todavía la dimensión de los acontecimientos.
Desde la carretera, Ulises recuerda los relámpagos sobre Iguala y la impresión de que sobre la ciudad caía un fuerte aguacero. También le llamó la atención que prácticamente no hubiera automóviles circulando por la carretera federal, algo que le pareció extraño porque normalmente era una vía transitada.
Cerca de Iguala, Gerardo volvió a comunicarse con él para informarle que su hermano Alejandro estaba en el cerro. Habían logrado escapar porque la policía les había disparado. Ulises pensaba que sus compañeros se encontraban concentrados en un mismo punto y esperaba encontrarlos al llegar.
Momentos decisivos
Antes de entrar a Iguala apareció una camioneta roja de aproximadamente tres toneladas atravesada en el camino. Al principio pensaron que podía tratarse de un bloqueo o de un accidente. Cuando el conductor disminuyó la velocidad observaron hombres armados a un costado de la carretera. Les gritaron que se detuvieran mientras levantaban las armas.
El conductor preguntó qué debía hacer y los estudiantes le indicaron que continuara. Ulises cerró los ojos porque pensó que podían dispararles. La Urban consiguió atravesar el bloqueo.
Después llamó a su padre, quien formaba parte de un grupo de autodefensas. Al conocer lo que estaba ocurriendo, alrededor de 30 integrantes del grupo conocido como “La Patria es Primero” tenían la intención de acudir armados para apoyar a los estudiantes. Tenían camionetas y pretendían trasladarse a Iguala, pero finalmente no salieron debido a las noticias sobre las balaceras y al riesgo que representaba la situación.
Al entrar a Iguala, los estudiantes encontraron un autobús Estrella de Oro cerca del Puente del Chipote y del Palacio de Justicia. Tenía las cajuelas abiertas, los vidrios rotos y señales de haber sido atacado. Había piedras, ramas y otros rastros de la agresión. Preguntaban por los demás autobuses y recibían información de que estaban por Pemex o cerca de la Bodega Aurrerá.
En el camino observaron a unos hombres, pero no pudieron detenerse. Dieron la vuelta para buscarlos y ya no estaban. Posteriormente supieron que se trataba del grupo de Gerardo y su hermano. Según lo que les contaron, los compañeros habían visto pasar la Urban y poco después una camioneta de Protección Civil acompañada por policías llegó al lugar y comenzó a dispararles, por lo que regresaron al cerro.
Los estudiantes preguntaron a varios taxistas cómo llegar a la Bodega Aurrerá o a Pemex, pero se negaron a llevarlos. Les dijeron que la zona era demasiado peligrosa y que tenían prohibido acudir. Una mujer que vendía elotes en el centro les indicó que siguieran por la calle Juan N. Álvarez, donde encontrarían a sus compañeros. Les advirtió que estaban muy mal.
La escena del crimen
Cuando llegaron encontraron los autobuses baleados y a los estudiantes llorando. Algunos habían colocado piedras alrededor de los casquillos para señalar dónde habían caído y evitar que fueran movidos. Ulises intentó tranquilizarlos y les dijo que ya habían llegado para apoyarlos. Sin embargo, reconoce que todavía no alcanzaba a comprender la dimensión de lo que aquellos compañeros habían vivido.
Había conocido represiones anteriores, golpes y empujones durante movilizaciones y recordaba la represión de 2011, cuando los estudiantes fueron dispersados a balazos. Pero aquella noche era distinta.
Por primera vez, dice, había visto disparos directos a corta distancia. Subió a uno de los autobuses y encontró rastros de sangre, una credencial y playeras. Los estudiantes comenzaron a reconstruir lo sucedido y a tratar de determinar cuántos compañeros podían estar detenidos.
Pasaron las diez de la noche, las once, las once y media y llegó la medianoche. Las balaceras continuaban alrededor de Iguala y circulaban versiones sobre el autobús del equipo de fútbol tercera división Los Avispones, la autopista y un taxista. Los estudiantes esperaban que llegaran peritos o el Ministerio Público para investigar lo sucedido.
Cerca de las 00:20 horas comenzaron a discutir si debían permanecer toda la noche en el lugar. Algunos querían quedarse para vigilar los autobuses porque temían que durante la madrugada se los llevaran o que se alteraran las evidencias. Finalmente decidieron realizar una rueda de prensa y después trasladarse a la Normal de Iguala.
Ulises decidió participar en la rueda de prensa para contar lo que habían encontrado durante el trayecto. Mientras caminaba hacia el lugar volvió a observar el sitio donde había caído Aldo y sacó su teléfono para tomar una fotografía. Poco después, según su relato, observó a dos hombres descender de un vehículo. Los describe como posibles sicarios, aunque reconoce que no puede asegurar quiénes eran.
Más disparos durante la noche
Uno se colocó en posición de tiro y comenzaron los disparos contra las personas reunidas en la rueda de prensa. Ulises quedó paralizado durante unos instantes. Una reportera tropezó con él y ese movimiento lo hizo reaccionar. Entonces pidió a los presentes que se tiraran al suelo y se refugió detrás de la primera llanta de un autobús. Calcula que inicialmente había entre 100 y 150 personas, pero después del ataque quedaron alrededor de 25.
Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís se encontraban cerca de un poste. Ulises recuerda que todavía estaban de pie cuando comenzaron los disparos y que fue durante ese ataque cuando cayeron. Posteriormente escuchó una ambulancia y encontró a Edgar herido. El disparo le había destrozado parte de la mandíbula. Ulises lo sentó y también tomó una fotografía.
Después revisó las imágenes de su teléfono. La fotografía del lugar donde había caído Aldo estaba registrada a las 00:30:31, mientras que la de Edgar aparecía registrada a las 00:36:35. A partir de esos registros, Ulises calcula que entre ambos momentos transcurrieron aproximadamente cinco o seis minutos y sitúa la muerte de Julio César y Daniel entre las 00:30 y las 00:35 horas. Los heridos fueron trasladados al Hospital Cristina.
En el hospital esperaban atención médica, pero Ulises recuerda que las enfermeras se retiraron y posteriormente regresaron porque, según les dijeron, no podían salir debido a que la zona estaba bloqueada. El lugar parecía estar cercado. Ulises subió con Omar a la parte superior del hospital. Comenzó a lloviznar y decidieron bajar. Los estudiantes estaban distribuidos en los tres pisos cuando comenzaron a escuchar que había llegado el Ejército.
Uno de los compañeros, conocido como Gomita y originario de Iguala, se encontraba tan atemorizado que intentó saltar hacia una casa contigua. Ulises recuerda que el joven estaba convencido de que los militares los matarían. Él, en cambio, pensaba que llevarlos a un cuartel podía significar mayor seguridad. Finalmente logró sujetarlo del brazo y evitar que saltara.
Los soldados ordenaron a los estudiantes bajar con las manos en la cabeza. Ulises recuerda que había elementos apostados en las divisiones de las escaleras y que fueron haciendo descender a los jóvenes.
Los estudiantes intentaron explicar que había compañeros heridos y pidieron que fueran atendidos. Según su relato, los militares minimizaron las lesiones y posteriormente tampoco recibieron atención médica inmediata.
Los alumnos fueron informados de que llegarían policías municipales porque existía una denuncia por allanamiento.
Ellos respondieron que habían sido precisamente policías quienes les habían disparado. Según Ulises, los efectivos castrenses respondieron que no tenían conocimiento de lo ocurrido. Fue entonces cuando, según su testimonio, les dijeron que los cuerpos que se encontraban afuera eran de sus compañeros y que podían terminar de la misma manera. En ese momento supieron que entre los muertos estaban Daniel Solís y Julio César Ramírez Nava.
Foto: Jaír Cabrera Torres
Al reconstruir posteriormente quiénes participaron en los ataques, Ulises establece una diferencia entre los hombres que encontró durante el bloqueo y quienes dispararon durante la rueda de prensa. De los primeros recuerda que portaban chalecos, radios, armas, botas e insignias que podían distinguirse en la oscuridad, aunque no pudo determinar si pertenecían a la Policía Federal, Estatal o Municipal.
Sobre los hombres que dispararon durante la rueda de prensa, afirma que iban vestidos de negro y que él observó a dos, aunque Edgar, quien pudo verlos mejor, posteriormente le dijo que eran tres. Ulises reconoce que no puede asegurar si eran sicarios o policías.
Los militares se retiraron aproximadamente a la una o una y media de la mañana. Los cuerpos continuaban en el lugar. Edgar fue llevado al hospital y Ulises salió con otros compañeros para buscar refugio. Se trasladaron a una casa humilde de adobe con ayuda de Dania, una estudiante del CREN que se arriesgó a llevarlos en su automóvil.
Los cuerpos seguieron ahí hasta el amanecer
Entre las cinco y las seis de la mañana comenzaron nuevamente las comunicaciones. Ya había llegado la Policía Ministerial y también comenzaban a concentrarse reporteros. Los estudiantes fueron trasladados hacia la Procuraduría de Iguala. En el camino pasaron nuevamente frente a los autobuses. Los cuerpos seguían ahí; ya había amanecido y el lugar estaba acordonado.
Los estudiantes comenzaron a rendir declaraciones. Ulises recuerda a los compañeros de primer grado llorando y al resto desconcertado ante una situación que ninguno había vivido anteriormente. Después comenzó a circular la fotografía de Julio César, a la que los estudiantes se referían como “la foto del chilango”. Le pidieron acompañar a Aldo y Edgar, quienes serían trasladados a Ciudad de México, pero finalmente permaneció en el hospital acompañando a los heridos.
Fue entonces cuando, para Ulises, comenzó “la verdadera noche”. Los compañeros no estaban. Los estudiantes acudieron a las instalaciones de la Policía Federal, la Policía Ministerial, la Policía Municipal y la PGR para buscarlos. No los encontraron. Según Ulises, en esas instalaciones pudieron entrar, pero el Ejército no permitió que los estudiantes ingresaran al 27 Batallón de Infantería.
Ulises permaneció aproximadamente cuatro días en la clínica con los heridos. Llegaron los familiares y se despidió de Aldo, Edgar, Maldonado y otros compañeros. Cuando regresó a Tixtla llevaba una playera de la Universidad Autónoma de Guerrero y una gorra. Tenía miedo. Lo primero que encontró fueron madres de familia que se acercaban para preguntarle por sus hijos. Él sólo podía responder con lo que sabía. Algunos compañeros estaban localizados en determinados hospitales, pero desconocía el paradero de los demás.
Para Ulises, aquella noche no terminó con el amanecer del 27 de septiembre. Tampoco terminó cuando regresó a Tixtla ni cuando egresó de Ayotzinapa. Dice que sigue pensando en sus compañeros y en las familias que continúan buscándolos. También piensa que pudo haber sido uno de ellos y se pregunta cómo habría quedado su propia familia si hubiera desaparecido.
Fue el Estado
Con el paso de los años, el recuerdo de aquella noche también se convirtió para Ulises en una interpretación sobre las responsabilidades de las autoridades. Sostiene que el Ejército tiene responsabilidad y habla de su capacidad para encubrir información, además de mencionar a distintos mandos militares y funcionarios de Guerrero.
Sin embargo, esas afirmaciones corresponden a las conclusiones y opiniones que ha construido después de los hechos y no a situaciones que afirme haber presenciado directamente aquella noche. También recuerda que durante su estancia en Ayotzinapa existía la percepción de que el gobierno vigilaba e infiltraba actividades de la normal, pero cuando se le pregunta específicamente sobre la presencia de un militar infiltrado reconoce que no sabía que hubiera un elemento del Ejército dentro de la escuela.
Para Ulises, Ayotzinapa fue un parteaguas en la historia reciente de las desapariciones en México. Pero su memoria de aquella noche no se queda únicamente en una explicación política. Se concentra en lo que vio: los autobuses baleados, la sangre, los compañeros llorando, Edgar herido, Julio César y Daniel antes de caer, los cuerpos bajo la lluvia, los militares en las escaleras del hospital y las madres que días después preguntaban por sus hijos.
Doce años después, dice, la noche del 26 de septiembre no ha terminado. No terminó cuando amaneció en Iguala, ni cuando regresó a Tixtla, ni cuando dejó la normal para convertirse en maestro. Sigue presente en los padres que continúan preguntando por sus hijos y en los sobrevivientes que todavía reconstruyen lo ocurrido. “Yo pude haber sido uno de ellos”, recuerda.
Aquella misma noche, mientras Ulises y sus compañeros recorrían Iguala en busca de los normalistas que no aparecían, otra historia comenzaba dentro del Semefo. Allí llegaron los cuerpos derivados de los ataques. Entre quienes trabajaron durante aquella madrugada estaba el médico forense que, doce años después, permanece detenido y cuya familia cuestiona la acusación en su contra.
La investigación: un laberinto
La nueva etapa de la investigación sobre Ayotzinapa ha vuelto a colocar a Iguala, al Semefo y a las funerarias de la ciudad en el centro de las pesquisas. Para la familia del médico Julio César Valladares Baranda, esa investigación ha terminado por señalar a un hombre que, aseguran, durante los doce años posteriores a los hechos continuó trabajando y colaborando con las autoridades cada vez que fue requerido.
La esposa del médico no conoció aquella noche únicamente por lo que él le contó después. Estuvo con él. En aquel entonces vivían con la madre de él y tenían una hija pequeña. Cuando el médico recibió información de que algo había ocurrido en la ciudad y que podían llegar numerosos cuerpos al Semefo, decidió acudir para apoyar al médico que se encontraba de guardia. Ella lo acompañó y dejaron a la niña al cuidado de su abuela.
Cuando llegaron, el lugar ya estaba lleno. Había elementos de Marina y Sedena, policías, periodistas, personal de la fiscalía y peritos. Con el paso de las horas llegaron más personas. El trabajo se distribuyó entre quienes se encontraban ahí: unos realizaban fotografías, otros tomaban muestras, examinaban las ropas o realizaban las labores periciales correspondientes, mientras los médicos efectuaban las necropsias.
La esposa recuerda que una necropsia normalmente podía durar entre una hora y una hora y media, pero aquella noche el trabajo se prolongó mucho más. Cada lesión debía ser examinada, medir su profundidad y extensión y dejar constancia de sus características. El médico no trabajaba solo, insiste la familia. Había otros especialistas y personal pericial en las instalaciones.
La documentación que se generó aquella noche, explican las mujeres, fue entregada a las autoridades correspondientes, recibida, sellada y cotejada. La esposa asegura que ninguno de los dictámenes realizados por su marido durante aquellos hechos fue posteriormente señalado como incorrecto por alguna autoridad o por otro médico.
Ese recuerdo es uno de los puntos desde los que la familia cuestiona la nueva acusación. La pregunta que plantean es cómo el trabajo realizado aquella noche, frente a otros peritos y autoridades, puede convertirse ahora en un elemento para responsabilizar al médico de la desaparición de los estudiantes.
La esposa conoce el funcionamiento de ese trabajo de cerca. Estudió la carrera de técnico paramédico y posteriormente medicina, por lo que, además de ser esposa del médico detenido, ha acompañado durante años su trayectoria profesional.
Por eso insiste en una diferencia que considera fundamental dentro de la acusación: el médico forense no trabaja de manera aislada ni decide qué ocurre con un cuerpo una vez que éste llega al Semefo.
Según explicó, existe un protocolo. El Ministerio Público y la Fiscalía intervienen en la recepción de los cuerpos y solicitan la participación del servicio médico forense para realizar la necropsia. El trabajo del médico consiste en establecer la causa de muerte, mientras que la identificación de la persona requiere otros procedimientos y la intervención de diferentes especialistas.
Antropología forense, odontología forense y genética forman parte de esos procesos de identificación, explica la familia. “Al médico forense le corresponde nada más identificar la causa de muerte; no le corresponde hacer la identificación del cuerpo”, señala la esposa.
Las familiares también cuestionan que se pretenda atribuir al médico responsabilidad por la cadena de custodia. De acuerdo con su explicación, esa labor corresponde a las autoridades que llevan la investigación y no al médico forense como responsable único del procedimiento. La familia sostiene que esas funciones se están mezclando dentro de la acusación.
Un Semefo rebasado
Las mujeres describen además un Semefo rebasado. Hablan de instalaciones con carencias y de un servicio que, aseguran, atendía una región amplia con pocos médicos, pocos prosectores y recursos limitados.
El médico detenido, además de coordinar los horarios del personal, continuaba realizando necropsias y cubriendo turnos de mañana, tarde y noche. Había ocasiones en que llegaban ocho, diez o incluso más cuerpos como consecuencia de hechos violentos registrados en Iguala y otros municipios.
La familia recuerda también una acumulación de cuerpos y restos sin entregar. Durante la entrevista hablaron de más de 50 cuerpos, así como de osamentas y expedientes que carecían de información suficiente para lograr una identificación. Desde su perspectiva, esa situación forma parte de una crisis más amplia de los servicios forenses y de las investigaciones de personas desaparecidas y no puede atribuirse exclusivamente al médico.
La relación entre el Semefo y las funerarias es otro de los puntos que las entrevistadas consideran necesario precisar. Explican que, cuando ocurrieron los hechos de 2014, el Semefo se encontraba junto a la funeraria Rueda. Ambos espacios estaban separados por una pared, aunque existían accesos y salidas.
La familia sostiene que en ese momento no había un horno crematorio dentro de las instalaciones donde funcionaba el Semefo. Según su recuerdo, el horno se encontraba en otra funeraria, identificada como El Ángel, y posteriormente se instaló otro dentro de las instalaciones de la funeraria Rueda. Las entrevistadas consideran importante distinguir entre las instalaciones que existían en 2014 y las modificaciones realizadas posteriormente.
La discusión sobre los restos encontrados también llevó a las familiares a recordar una bolsa con una etiqueta correspondiente a 2014. Una de las hermanas cuestiona que una bolsa de plástico pudiera haber permanecido durante 12 años expuesta a las condiciones ambientales de Iguala y conservarse como se describe. Habla de las altas temperaturas, la lluvia y la presencia de animales en terrenos abiertos.
Las dudas de la familia también alcanzan la posibilidad de que la bolsa hubiera sido colocada deliberadamente. Una de las entrevistadas expresó esa sospecha y explicó que existe desconfianza hacia la autoridad. Se trata de una posición de la familia y no de un hecho acreditado por la investigación.
El peregrinar de los padres y madres
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos también fijaron su posición sobre los hallazgos y señalaron que no habían recibido información sobre un supuesto hallazgo de 20 bolsas con “petrosas” y que tampoco sus representantes habían sido notificados.
Recordaron, en cambio, una diligencia realizada en marzo, en la que se les mostró una bolsa etiquetada con 2014 y señalaron que habían solicitado los estudios correspondientes con participación del Equipo Argentino de Antropología Forense.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, aclaró que la información relacionada con las llamadas “petrosas” no había sido presentada a las familias en las reuniones de trabajo y señaló que no reconocía esos señalamientos como información oficial. Al mismo tiempo, confirmó que existe una línea de investigación relacionada con la funeraria El Ángel y el Semefo de Iguala.
Las familiares también narraron otro episodio que incrementó su desconfianza. Personas que conocían a la familia les informaron que el Semefo, que se encontraba asegurado, había sido abierto. Decidieron acudir y, según su relato, comprobaron que efectivamente estaba abierto. Después recibieron la explicación de que se había permitido el ingreso de familiares que acudieron a reconocer un cuerpo.
Para ellas quedó una pregunta sobre las condiciones de acceso a un inmueble que consideran relevante para el proceso. Las mujeres sostienen que existe un acuerdo judicial sobre quiénes pueden ingresar y cuestionan que la Fiscalía tenga acceso a un lugar que también constituye un espacio relevante para la defensa de los detenidos. Para la familia, ese episodio aumentó la sensación de estar en desventaja frente a la autoridad.
Las mujeres consideran que la Fiscalía ha ido construyendo una hipótesis a partir de declaraciones de testigos protegidos y que, conforme aparecen nuevos elementos, esa hipótesis se acomoda a los intereses de la acusación. Una de las hermanas lo resume como una “carpeta fabricada a modo”.
La familia cuestiona que no exista, según su conocimiento del expediente, una prueba científica que ubique al médico participando directamente en la desaparición de los estudiantes. Hablan de la ausencia de elementos que permitan establecer qué habría hecho, a qué hora, con quién y en qué lugar. “No hay participación en tiempo, lugar y espacio”, sostiene una de las entrevistadas al explicar lo que, según el abogado de la familia, falta en la acusación.
También cuestionan que la Fiscalía utilice las deficiencias existentes en expedientes de cuerpos no identificados para responsabilizar al personal del Semefo. Su argumento es que el médico no era la autoridad encargada de realizar toda la investigación ni de identificar por sí mismo a las personas. La familia considera que esas responsabilidades están siendo mezcladas dentro de la acusación.
Hay un dato que las mujeres repiten durante la conversación: después de aquella noche, el médico siguió trabajando. No se escondió, aseguran. Continuó en el Semefo, siguió dando clases, acudió a los citatorios y participó en diligencias relacionadas con las necropsias. Incluso fue requerido para declarar en relación con el caso de Julio César Mondragón, uno de los estudiantes de Ayotzinapa.
Durante años, explican, entendieron esas comparecencias como parte de la investigación y de la colaboración que debía existir entre los médicos forenses y las autoridades. Por eso, dice la esposa, nunca pensaron que terminaría señalado como responsable.
El médico comenzó desde joven como socorrista. Posteriormente fue paramédico y coordinador médico de la Cruz Roja. Estudió medicina en el Instituto Politécnico Nacional y realizó una especialidad en medicina forense en la Ciudad de México. Sus familiares aseguran que fue el primer médico forense a nivel estatal. Tiene 51 años y los cumplió el 20 de agosto, dentro del penal del Altiplano.
La mañana del 23 de junio de este año, según el relato de sus familiares, esa relación con las autoridades tomó otro rumbo. El médico había acudido temprano a la UTEC, donde se desempeñaba como catedrático de paramédicos. Después regresó hacia su domicilio y, alrededor de las seis de la mañana, cuando estaba por entrar nuevamente a su casa, varias camionetas lo interceptaron. Su esposa y su hija no supieron de inmediato qué había ocurrido. Más tarde revisaron las cámaras de seguridad del domicilio y observaron al médico descender de su automóvil y posteriormente la llegada de las camionetas. Horas después supieron que había sido detenido.
Según el relato de sus familiares, fue acusado de desaparición forzada y uso indebido del servicio público. Primero fue llevado a Cuernavaca y posteriormente al Altiplano. Ese mismo día supieron que también habían sido detenidas otras personas, entre ellas dos médicos más y cuatro integrantes de la familia Rueda.
Las familiares han recurrido a un abogado para enfrentar el proceso y han participado en movilizaciones en Iguala y Chilpancingo junto con familiares de otras personas detenidas. Han solicitado la intervención de autoridades federales y estatales y también han buscado el respaldo de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Pero hay una petición que resume buena parte de lo que han expresado durante la conversación: quieren que la investigación vuelva a profundizar en las líneas que ya existían y que participen especialistas independientes. La esposa plantea incluso la intervención de expertos extranjeros.
“No piden que se deje de investigar Ayotzinapa”, sostienen. Piden que se investigue más, que se revisen las pruebas, que se determine qué ocurrió con los restos, que se establezca quiénes participaron en los hechos y que se determine la responsabilidad concreta de cada persona. En particular, quieren que se esclarezca cuál fue el papel del médico forense aquella noche y por qué, después de doce años de haber acudido a declarar y continuar trabajando, terminó convertido en uno de los acusados.
Doce años después de la desaparición de los 43 normalistas, las dos historias vuelven a encontrarse en una investigación que todavía busca respuestas. Para Ulises Martínez, la noche del 26 de septiembre permanece en los hechos que presenció y en los compañeros que no regresaron.
Las interrogantes permanecen
Para la familia del médico forense, permanece también en las preguntas sobre el trabajo realizado aquella madrugada en el Semefo y en los elementos que, doce años después, llevaron a la detención de uno de sus integrantes.
Son dos lugares distintos dentro de la misma historia. Uno, el de quien salió aquella noche a buscar a sus compañeros y sobrevivió para contar lo que vio. Otro, el de quienes recibieron los cuerpos después de los ataques y hoy sostienen que debe determinarse con precisión qué responsabilidad correspondía a cada persona que intervino en el proceso.
Desde aquella noche han pasado doce años. Las familias de los 43 continúan exigiendo verdad y justicia; las autoridades mantienen nuevas líneas de investigación y los familiares de quienes hoy enfrentan procesos penales reclaman que las acusaciones sean sustentadas con pruebas y que las responsabilidades se establezcan de manera individual.
Para Ulises, aquella noche no terminó cuando amaneció en Iguala, ni cuando regresó a Tixtla, ni cuando dejó la Normal para convertirse en maestro. Sigue presente en los padres que continúan preguntando por sus hijos y en los sobrevivientes que todavía reconstruyen lo ocurrido.
“Yo pude haber sido uno de ellos”.
Doce años después, los 43 siguen sin volver y la investigación continúa abierta. Lo que ocurrió aquella noche, lo que pudo demostrarse desde entonces y la responsabilidad que corresponde a cada uno de quienes participaron siguen formando parte de las preguntas que el caso Ayotzinapa mantiene pendientes.
Edición: Mirna Abreu
