Gustavo Castillo García
Foto: Archivo La Jornada
La Jornada Maya

Miércoles 21 de septiembre, 2016

Con la utilización de tecnología de punta, la Procuraduría General de la República (PGR) detectó en los municipios guerrerenses de Iguala y Cocula más de 40 sitios donde existirían fosas clandestinas, en las cuales realizará diligencias como parte de la investigación del caso Iguala, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

De acuerdo con los funcionarios entrevistados, las investigaciones que se realizan utilizando tecnología conocida como Lidar –que consiste en la integración de las tecnologías GPS, unidad de medición inercial y sensor láser, en la colecta de datos de altitud– permiten conocer si un terreno o superficie ha sido removida a pesar de que existan zonas boscosas.

[b]Toma de imágenes[/b]

La toma de imágenes que se obtienen en las cámaras colocadas en un Lear Jet abarcan hasta 400 metros de ancho sobre el terreno por una larga línea que puede extenderse a lo largo de varios kilómetros, y ello ha permitido que los analistas puedan ofrecer a los investigadores de la PGR más de 40 zonas donde se podrían localizar fosas clandestinas.

Al respecto, el titular de la oficina de investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, confirmó que existen más de 40 sitios donde se deben buscar fosas clandestinas, pero dijo que confía en que los padres de los 43 normalistas retornen a las mesas de diálogo para que se acuerden con ellos las fechas en que se realizarán esas diligencias de búsqueda.

Los avances que registra la investigación también han confirmado los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que elementos de la policía municipal de Huitzuco se movilizaron entre ese ayuntamiento e Iguala en las horas en que los estudiantes fueron privados de su libertad y puestos en manos de integrantes del grupo criminal Guerreros unidos, y habrían participado en la desaparición de los jóvenes.

Lo anterior, luego de que el [i]ombudsman[/i] nacional señaló recientemente que estudiantes que viajaban en el autobús 1531, ‘‘después de ser obligados a bajar de la unidad, habrían sido llevados al municipio de Huitzuco para presentarlos ante quien se identifica como [i]El Patrón[/i], posible líder de una organización criminal y quien resolvería sobre su destino’’.

Funcionarios federales mencionaron que la oficina responsable del caso ya inició una indagatoria en el ámbito federal por el delito de tortura cometida en contra del estudiante Julio Cesar Mondragón, luego de que peritajes de la CNDH indicaron que el normalista fue objeto de actos de tortura antes de ser asesinado la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Asimismo, las fuentes consultadas señalaron que ‘‘en breve’’ se conocerán los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Universidad Innsbruck respecto de los 64 fragmentos óseos enviados a esa casa de estudios –en diciembre pasado–, donde se llevan a cabo estudios para la obtención de identidades genéticas que podrían confrontarse con las muestras que aportaron padres y familiares de los normalistas y determinar si se puede identificar que en el basurero de Cocula fueron incinerados más estudiantes, pues hasta el momento solamente se ha podido certificar un caso al ciento por ciento y otro sigue en análisis.

Como parte de las nuevas indagatorias, la PGR tiene más de mil números telefónicos en investigación para determinar quiénes –además de las 123 personas detenidas y consignadas– participaron en la desaparición de los normalistas, entre ellos los policías de Huitzuco, de quienes ya se tienen datos de que se movilizaron de ese ayuntamiento a la ciudad de Iguala en horas en las que los estudiantes eran objeto de agresiones y secuestro.

Como parte de las investigaciones, la PGR ha obtenido tan sólo en una semana 8 mil ‘‘sábanas’’ o informes de llamadas telefónicas, rutas que siguieron los portadores de teléfonos (mediante cooperación de compañías telefónicas) que deben ser analizadas.

En el último mes, la PGR ha interrogado a más de cien funcionarios, entre ellos alcaldes de Guerrero, policías municipales de Huitzuco y otras comunidades, así como policías federales, para deslindar responsabilidades en este caso, señalaron las fuentes entrevistadas.


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