Cristima Gómez Lima y Jorge A. Pérez Alonso
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya
Ciudad de México
Miércoles 13 de julio, 2013
La madrugada de ayer fueron trasladados a Oaxaca los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) que estaban presos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Jorge Ruiz Martínez.
Los maestros Rubén Núñez Ginez, secretario general de la CNTE; Francisco Villalobos, de organización; Aciel Sibaja Mendoza, de finanzas, y Heriberto Magariño López, representante regional en el Istmo de Tehuantepec, llegaron a Oaxaca a las 3:30 horas, agregó el funcionario.
Los dirigentes magisteriales, a quienes se atribuyen delitos de los fueros federal y estatal –incluido el de lavado de dinero–, fueron recluidos en el Cefereso número 13, ubicado en Miahua-tlán de Porfirio Díaz.
Aciel Sibaja fue detenido el 13 de abril pasado y trasladado a Hermosillo al día siguiente a petición de Heriberto Antonio García, director de Reinserción Social de Oaxaca, por considerarlo reo de alta peligrosidad. La juez Lucero Hernández emitió dos órdenes para que fuera trasladado a Oaxaca, el 15 y el 18 de abril, pero las autoridades federales las ignoraron, al igual que sucedió con Heriberto Magariño (detenido el 10 de mayo), Francisco Villalobos y Rubén Núñez (aprehendidos el 11 de junio).
Familiares de los detenidos consideraron que no debieron ser internados en el Cefereso de Mengolí, en Miahuatlán, sino en una penitenciaria estatal, pues en los procesos federales que enfrentan recibieron libertad bajo caución y los mantienen en la cárcel sólo por procesos locales.
Aseguraron que los juicios se basan en crímenes inventados, con la intención de mantenerlos presos, y adelantaron que solicitarán visitas en el penal de máxima seguridad, las cuales se restringen a dos familiares, con dos visitas al mes de 45 minutos cada una.
La sección 22 de la CNTE afirmó en un comunicado que el traslado de los profesores no se debió a una exigencia de la mesa negociadora con la Secretaría de Gobernación, sino que es parte del proceso que familiares, abogados y el cuerpo jurídico del magisterio han sostenido, ya que las órdenes de traslado de los cuatro profesores ya habían sido emitidas por los jueces de cada caso e ignoradas por autoridades federales y estatales.
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