Una actuación limitada y parcial

José Antonio Román
Foto: Moysés Zúñiga Santiago
La Jornada Maya

Nochixtlán, Oaxaca
Martes 5 de Julio, 2016

En los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha tenido una ‘‘actuación parcial, limitada y con una visión reducida de sus obligaciones’’, señalaron diversas organizaciones de la sociedad civil y centros de derechos humanos.

Además, exigieron al organismo nacional investigar estos actos como ‘‘violaciones graves’’ a los derechos humanos, e incluso solicitar la suspensión de la reforma educativa hasta lograr una solución dialogada al conflicto.

En un pronunciamiento, 20 organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Asociados por lo Justo JASS Mesoamérica y Comité América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres México, señalaron que la CNDH debería promover la realización de un diálogo efectivo entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal.

En su crítica, las organizaciones expresaron su preocupación de que la comisión no haya iniciado una investigación por violaciones graves a los derechos humanos, toda vez que los hechos de Nochixtlán ‘‘pueden constituir ejecuciones extrajudiciales realizadas como medida represiva en el contexto de manifestaciones públicas, cometidas por autoridades federales y estatales, además de haber existido un uso excesivo y desproporcionada de la fuerza pública en contra de las personas manifestantes’’.

Consideran de suma importancia que la Comisión Nacional inicie una queja de oficio ‘‘con motivo de la llamada reforma educativa, ya que fue aprobada sin previa consulta con el personal docente, y cuya implementación ha generado despidos injustificados de maestras y maestros en todo el país y detenciones arbitrarias e ilegales de los líderes de la disidencia magisterial tras la fabricación de delitos’’, dice el pronunciamiento conjunto.

Por ello, instan a a investigar la violación al derecho a la participación de los maestros e integrantes de las comunidades educativas, y de la sociedad, en el proceso de planeación, implementación y evaluación de la citada reforma.

Señalan que entre las medidas precautorias se debe solicitar que sea protegida la integridad de los manifestantes, y que en caso de que haya detenciones o intervenciones policiacas se asegure el respeto irrestricto de los derechos humanos.