Fernando Camacho
Este viernes, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió a la Cámara de Diputados a ratificar la solicitud de declaración de procedencia en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
En un comunicado, la Secretaría General de la Cámara informó que el titular y los fiscales de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, perteneciente a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la FGR, fueron los encargados de realizar dicho trámite.
Los citados funcionarios se presentaron a las 11:20 horas en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, y entregaron un total de seis cajas con los expedientes que, a su juicio, sustentan la petición de desafuero del mandatario tamaulipeco.
Esa documentación ya se le turnó a la Secretaría General para que sea remitida a la Sección Instructora (SI), de conformidad con lo establecido en el Artículo 12, inciso b, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Consultado sobre el tema, el diputado morenista Pablo Gómez, presidente de la SI, recordó que el trabajo de dicha instancia es verificar que todos los papeles de la ratificación hecha por la FGR cumplan con los requisitos que marca la ley, y después notificar personalmente al inculpado, quien tiene un periodo de siete días para exponer lo que quiera en su defensa.
Una vez concluido ese lapso, se abre el llamado periodo de pruebas, en el cual ambas partes tienen 30 días para exponer sus argumentos sobre el tema. Tras estudiar dichos elementos, la SI ya está en condiciones de presentar al pleno de la Cámara un proyecto de resolución en el que propone si el desafuero de García Cabeza de Vaca es procedente o no.
Luego de negarse a hacer comentarios sobre el fondo de las acusaciones contra el gobernador, Pablo Gómez recalcó que la SI se guiará por el principio de presunción de inocencia y criticó que el Senado aún no haya integrado la sección de enjuiciamiento que debe formarse en estos casos.
Edición: Emilio Gómez
Los servidores públicos afectados son Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama y Giovanni Figueroa Mejía
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