Angeles Cruz Martínez
Foto: Cuartoscuro
La Jornada Maya

Ciudad de México
Jueves 4 de octubre, 2018

México tuvo una respuesta tardía al problema del sobrepeso y obesidad, cuando más del 70 por ciento de los adultos ya tenían esta condición. A la fecha, las acciones para revertir esta situación crítica de salud todavía no se toman con seriedad, advierten investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en un artículo publicado ayer en la revista científica [i]Obesity[/i].

Además de la interferencia de la industria de alimentos y bebidas que, de manera sistemática se ha opuesto a disposiciones como el etiquetado de advertencia en los productos, a fin de que en forma sencilla los consumidores identifiquen aquellos con altos niveles de azúcares, grasas y sal, la política pública se vio restringida por los recortes presupuestales que entre 2013 y 2018 acumularon 5.1 mil millones de dólares.

Respecto a los recursos asignados a la prevención y control de la obesidad y diabetes, destacan que no representan ni uno por ciento del presupuesto del sector.

Los investigadores Simón Barquera y Mariel White, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP, subrayan que la carencia de recursos para este rubro refleja la falta de voluntad para abatir el exceso de peso corporal y los males asociados como diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares, entre otros que, en México, representan las principales causas de muerte.

Sólo por diabetes, en 2016 perdieron la vida casi cien mil personas, y alrededor de 130 mil por males cardiovasculares.

El artículo 'Tratar la obesidad en México con seriedad: la comprensión, tardía, de la necesidad de acción inmediata', refiere que fue hasta 2010 cuando se diseñó un plan nacional para combatir la obesidad, aunque sus efectos se hicieron sentir hasta 2014 cuando se aprobó el impuesto especial al consumo de bebidas azucaradas. Esta medida logró durante dos años consecutivos la reducción en la ingesta de refrescos y el aumento en el consumo de agua.

También se establecieron disposiciones para regular la publicidad de alimentos no saludables, dirigidos a los niños, aunque con acotaciones impuestas por la industria. Los expertos recuerdan la emisión de lineamientos para la venta de alimentos en las escuelas, los cuales no se cumplen.

En noviembre de 2016, la Secretaría de Salud emitió dos alertas epidemiológicas por la epidemia de sobrepeso y obesidad y por la diabetes. Sin embargo, las disposiciones existentes deben fortalecerse, así como impulsar otras acciones.

Barquera y White mencionan, entre otros, la necesidad de que en los servicios de salud de primer contacto, existan nutriólogos, así como que en las campañas para la detección y diagnóstico temprano se prevea la realización de evaluaciones y monitoreo de los resultados.

Si bien las autoridades están conscientes de la carga de enfermedad que representa la obesidad en México, se ha dificultado la aplicación de una respuesta constructiva. Es indispensable, subrayan los investigadores, contar con inversión económica específica y la participación del gobierno, profesionales de la salud y sociedad civil para aplicar programas y campañas que mejoren las normas de tratamiento y promoción de estilos de vida saludables.

La ruta que se elija en el país para combatir el sobrepeso y obesidad será determinante para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sustentable relacionados con la superación de la pobreza, garantizar educación y equidad de género.


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