Elecciones y derechos indígenas

Francisco J. Rosado May
Foto: Enrique Osorno
La Jornada Maya

Martes 28 de mayo, 2019

Faltan unos pocos días para acudir a las urnas y elegir diputados locales en Quintana Roo. Después de meses de campaña, no he escuchado de los candidatos algo, ni siquiera cercano, a su propuesta política para los pueblos indígenas, en especial el maya. Si bien un partido promovió y obtuvo fallo favorable, en cierta medida, para la inscripción de candidatos indígenas, no se reflejó en los hechos. Por otro lado, con la excepción de un par de opciones, no hay candidatos indígenas para las diputaciones locales en las elecciones de 2019, en un estado donde más del 44 por ciento de la población se considera indígena. Algo no está bien.

Parece que el sistema fue creado para no evolucionar. Pero ya hay síntomas de que está llegando a su límite.

En el reporte Movilidad social en México 2019, presentado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Proceso y Periodismo CIDE, se concluye que origen es destino. Ocho de cada 10 mexicanos que nacen en familias pobres nunca lo superan; esta situación también se relaciona con el color de piel, el lugar de nacimiento, género y, yo diría, etnicidad. El sistema perpetúa la desigualdad social en México. Los indígenas, especialmente mujeres, niños y adultos mayores, están en la parte más baja de esta situación. Actualmente la probabilidad para que un indígena salga de la marginación, del rezago social, y avance en la escalera invisible de las oportunidades de desarrollo social y económico, es prácticamente nula.

Si a lo anterior sumamos la corrupción, impunidad y opacidad, factores a los que también se enfrentan indígenas y sociedad en general, por supuesto que estamos en graves problemas.

El sistema que perpetúa la desigualdad está relacionado con política y políticos, sin lugar a duda. Las elecciones son importantes, la decisión debe ser bien pensada, el perfil de los candidatos, sus experiencias, origen, conocimientos y sus propuestas. Pero no se difunden estos factores. Lo que sí se difunde, como señalan varios analistas, son promesas de campaña que ni siquiera están en las facultades del Congreso, sino en otras canchas. ¿Cómo salir de este círculo vicioso, en el caso de la población indígena?

Desde el punto de vista social se está gestando una semilla que ojalá germine en un contexto de entendimiento y no de violencia. La pobreza y la falta de oportunidades son acicates para movimientos sociales fuertes y determinantes, creando un escenario de perder-perder. Veamos que opciones hay, ojalá los tomadores de decisiones y futuros integrantes del Congreso local tomen nota.

Los indígenas y sus pueblos, tenemos derechos. Algunos ya están en legislación vigente, muchas veces invisible o con trabas; otros se están discutiendo y se implementarán seguramente en un futuro cercano.

La Constitución de nuestro país señala en el Artículo 2 que somos un país multicultural, único e indivisible. Por lo tanto, la figura de autonomía, municipal o comunitaria (Cheran, Oxchuc), no deben inquietar a los políticos. En Quintana Roo hay la posibilidad de autonomía, por ejemplo, en los centros ceremoniales y aún así mantener la unidad municipal y estatal. Si bien este artículo no establece que ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaciones locales deben tener un porcentaje de indígenas, sí establece bases para contar con mecanismos para alcanzar esos escaños. Pero hay que luchar cuesta arriba para ello, y aprovechar que en la misma legislación se contemplan espacios de participación que no se han cumplido.

El mismo Artículo 2, en su sección VII, señala que se deben elegir, en los municipios indígenas con población indígena, representantes ante los ayuntamientos. Esta medida lo retoma el Artículo 13 del Constitución del Estado de Quintana Roo, el cual en su fracción VII establece que los pueblos o comunidades, de acuerdo con sus normas, pueden elegir a un representante ante el ayuntamiento con derecho a voz, pero sin voto. Esto último debe corregirse, sin lugar a duda, pero primero deberíamos proceder a tener representantes en los ayuntamientos. ¡Ningún municipio en Quintana Roo tiene ese representante! ¿Cómo entonces los municipios escuchan formalmente las necesidades que hay en las comunidades?

No es el Ayuntamiento o las autoridades quienes deben hacer la elección del representante, son las mismas comunidades. De esto ya hay antecedente jurídico en otros estados, como el de México. Tampoco lo puede hacer la figura del Gran Consejo Maya, establecido en la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena del Estado de Quintana Roo, ya que, de acuerdo con mis conocimientos, esta figura no existe en la cultura y violenta la Constitución Mexicana y la del estado de Quintana Roo. Me parece que cualquier litigio sobre esta figura y sus acciones (aun más porque de ahí se desprende la idea de una AC que se ha ventilado en muchos medios), echaría abajo lo concerniente a las acciones que de esa figura se desprenden.

A nivel mundial y nacional estamos en un contexto de reconocimiento favorable a las comunidades indígenas. Lo menos que podemos hacer como sociedad y gobierno, incluyendo al poder legislativo, es crear condiciones para buscar sinergias con las culturas presentes en el estado, especialmente la Maya, de tal manera que podamos decir, incluso gritar, que ORIGEN NO ES DESTINO, más bien origen no debe ser destino. Si lo que “vendemos” es cultura maya, demostremos al mundo que sabemos reconocer, valorar y establecer condiciones para que nuestra gran cultura tenga condiciones para salir del rezago y siga contribuyendo al conocimiento universal en la solución de problemas locales y globales.

PD. Hay mucho mas material para presentar y analizar con respecto al tema de esta entrega. Recomiendo el libro Justicia electoral. México, participación y representación indígena. Temas selectos de Derecho Electoral, Núm. 38 publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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