Jazmín Sánchez Arceo e Ivet Reyes Maturan
Foto: La Jornada Maya
La Jornada Maya

Miércoles 6 de marzo, 2019

Atender la Transición Energética (TE) como una necesidad global debiera ser una prioridad para los nuevos gobiernos. Las nuevas administraciones, tanto federal y estatal, tienen hoy la obligación de redireccionar el modelo actual de la TE, resultado de la Reforma Energética de 2013, cuya política ha ignorado los contextos regionales, ambientales y culturales. También ha comprometido sistemáticamente recursos naturales, fomentado el despojo territorial, trasgredido el tejido social y los derechos humanos y colectivos, de las comunidades locales e indígenas, como se observa ya en algunas comunidades mayas del estado.

En Yucatán, con el desarrollo de más de 20 megaproyectos eólicos y solares, sin un proceso de planeación y evaluación integrada y estratégica, en menos de cinco años se ha documentado una serie de presiones socioambientales. Estas presiones son debidas a la temporalidad de los procesos de licitación de los proyectos y a los fuertes intereses económicos -privados e internacionales-, aunados con la falta de capacidad interinstitucional a nivel estatal para incidir efectivamente en la TE, y en la preservación y cuidado del territorio. Todo esto, ha dado pie a prácticas inescrupulosas, como el acaparamiento y control de tierras de uso común, así como negociaciones totalmente asimétricas entre los desarrolladores de los proyectos y las comunidades, que se reflejan en la celebración de contratos leoninos para las comunidades, y hasta de acoso, agresiones verbales y físicas, para pobladores que cuestionen los megaproyectos o se opongan a estos.

[b]Parque fotovoltáico Ticul[/b]

Un ejemplo claro es el caso de la comunidad de San José Tibcéh, en el municipio de Muna (parque fotovoltaico Ticul, A y B), con violaciones a los derechos humanos de sus habitantes. Estas faltas fueron señaladas en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diciembre de 2016, y también documentadas en septiembre de 2018, en el informe de la Relatora Especial de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz: Situación de los derechos de los pueblos indígenas en México. Y a pesar de ello, la empresa Sun Power sigue atropellando los derechos de ejidatarios mayas de esa comunidad, que han denunciado el despojo de sus tierras, tal como sucedió apenas este 25 de febrero cuando, en audiencia en el Tribunal Unitario Agrario, la empresa puso en duda ante el juez la identidad de los demandantes que, en pleno ejercicio de sus derechos, solicitaban un traductor al maya (Acta de Audiencia, expediente: TUA 34-1590/2019).

El caso de San José Tibcéh no es único, sino más bien paradigmático de las repercusiones de la política de TE en Yucatán, y reflejo de cómo instrumentos legales y de protección a derechos humanos, tales como el derecho a un medio ambiente sano y el de la libre determinación de los pueblos indígenas, entre otros, han faltado a su objetivo en la aplicación real y a nivel local. Las principales causas de estas inconsistencias, además del modelo político de la TE, es el marco legal que permite la falta de transparencia, la carencia de rigor científico y un bajo cumplimiento a los estándares internacionales. Entre estos mecanismos destacan la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la Evaluación de Impacto Social (EvIS) y la Consulta Indígena.

Todos estos instrumentos, que si bien están incluidos en la legislación, son poco eficaces y su implementación local dista de permitir que las comunidades locales puedan definir el tipo de desarrollo que desean y, por el contrario, se han convertido en procesos burocráticos, para dar legalidad y avance de los megaproyectos, pese a contravenir derechos humanos.

Por ejemplo, siendo la EvIS un documento central para la definición de las comunidades sujetas al proceso de Consulta Indígena, no es de acceso público, ni cuenta con una verificación independiente. Así, fue que para el Parque Eólico Tizimín, pese a la existencia de población indígena en la cabecera municipal, la Consulta Indígena sólo se hizo en cuatro pequeñas comunidades, en un tiempo récord de tres meses, dejando fuera a otras comunidades cercanas al proyecto, como son Dzonot Carretero y El Cuyo, además de ignorar también su cercanía de la Reserva Especial de la Biósfera Ría Lagartos.

En el caso del Parque Solar Yucatán, a tan sólo seis kilómetros de Valladolid, la Consulta Indígena también se hizo solamente en dos pequeñas poblaciones (Ebtún y Cuncunul), ignorando la opinión de otras comunidades y de la misma cabecera municipal. Además, tanto la MIA, como la EvIS y la Consulta Indígena, pasaron completamente por alto la existencia de un cenote sagrado en el polígono del proyecto, que ha tenido uso como sitio ceremonial ininterrumpido desde hace dos mil 300 años (Reporte del V Simposio de Cultura Maya, diciembre 2018), desestimando los riesgos e impactos al patrimonio biocultural de la zona. Cabe señalar, que en la MIA, el cenote se redujo al término “oquedad”, y en la EvIS se reportó como “cenote, carente de agua”.


[i]Mérida, Yucatán[/i]
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