Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Fernando Eloy
La Jornada Maya

Viernes 1 de marzo, 2019

Los conflictos por la tierra en Yucatán no se resuelven, se arrastran a través de los años y los gobiernos -al menos hasta ahora- generando animadversiones y rencores en las comunidades ejidales, a veces irreconciliables que se convierten en fracturas desestabilizadoras, en el “Estado más seguro”. Éste es un primer problema grave resultado de la inacción y/o complicidad de autoridades agrarias. Y también, como sucedió en el pasado sexenio rolandista, de la complicidad de funcionarios del más alto nivel que operaban desde el despacho del gobernador, a favor del hurto de grandes porciones de tierra, para quedarse con su parte en el negocio del despojo y liberación de tierras ejidales para negocios de grupos políticos y empresariales.

Así lo dijimos en su momento, por ejemplo, en el caso del ejido Valladolid, donde el conflicto por las tierras ejidales tiene ya demasiado tiempo y las enemistades en el seno de los ejidatarios parecen irreconciliables, con la consecuente división de las comunidades, lo que ha generado focos de potencial violencia que puntualmente resurge con las asambleas ejidales espurias, o pilotadas por los saqueadores.

Hace poco, circulando por Mérida, vi a uno de estos operadores y abogados -dedicado a manipular a los ejidatarios y la ley agraria, a través de maniobras legaloides, del uso del aparato gubernamental y de la cooptación de autoridades agrarias- pasar en un lujosísimo bólido: uno de esos deportivos que llaman la atención por las calles de la capital yucateca.

Metido en el ejido Valladolid, el ex subprocurador y abogado llevó a los ejidatarios a una celada en Palacio de Gobierno durante la pasada administración estatal, como me narraron los mismos ejidatarios y como dimos a conocer en su momento, desatando la ira y el rencor de funcionarios vengativos que aún hoy siguen agrediendo a quien esto escribe. Los funcionarios querían que los ejidatarios cedieran en el conflicto ejidal en Valladolid, donde poderosos intereses pugnan por apoderarse de la tierra, el agua y los prístinos paisajes para explotarlos. Y destruirlos, protegidos hasta ahora por una comunidad que ha defendido a Punta Laguna, con el turismo sustentable y de bajo impacto en la zona.

La escena, de un secretario de gobierno amenazando a los ejidatarios, en lo oscurito –al estilo de Maduro con el periodista Jorge Ramos, pero sin los reflectores nacionales e internacionales encima– me fue narrada por los campesinos mayas con detalle.

Pero éste es sólo un ejemplo. Como señala [i]La Jornada Maya[/i], de los 700 ejidos que hay en el estado, al menos la mitad tiene algún conflicto. Y las ilegalidades, la corrupción, la complicidad de autoridades de todos los niveles, no es la excepción, es la regla.

[b]Invasiones, despojos y compras fraudulentas[/b]

Hablamos de invasiones, despojos, compras fraudulentas de tierras, de asambleas espurias operadas por las mismas autoridades agrarias, de lavado de dinero mal habido a través de la adquisición de parcelas con la complicidad de comisariados corruptos, de la especulación de capitales de dudosa procedencia con la tierra yucateca, convertida ahora en el nuevo El Dorado, para muchos en el país, sin faltar el jugoso negocio de los fraccionamientos que están devorando la geografía estatal.

Ejemplos hay muchos. Allí tenemos a Kanasín, donde el ex tesorero tabasqueño, Juan José Saiz Pineda y su padre utilizaron 246 millones de pesos, hurtados al erario del estado de Tabasco para comprar 131 hectáreas de terrenos ejidales, según datos del mismo Registro Público de Yucatán, dados a conocer en 2013. Las 131 hectáreas con un valor catastral de 65 millones 438 mil 305 pesos, fueron vendidas por los Saiz Pineda y su padre, Juan José Saiz Zarza, a “Patrimonio Kanasín” en 246 millones 564 mil 810 pesos. El ex tesorero del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, se apoderó de tierras ya habitadas para lavar parte de los millonarios recursos sustraídos al erario público tabasqueño.

Otro ejemplo. En Chocholá, la Procuraduría Agraria y su ex titular intentaron imponer a un comisariado ejidal espurio y a modo de los intereses empresariales que operan en la zona. Inclusive se armó un expediente en 2017 para encarcelar a la entonces comisaria Claudia Cob, desde la misma Fiscalía General del Estado, por atreverse a denunciar a una poderosa empresa que explota un banco de material en dicho municipio. La acusaron de robo y vandalismo. Puros cargos inventados, para levantarla y llevársela detenida. Al mejor estilo de una dictadura, término tan en boga y en boca de muchos “opositores”, en estos días.

Son sólo algunos ejemplos. Así es el tamaño de la corrupción que heredaron al Director de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Tonatiuh Villanueva Caltempa, y al nuevo gobierno federal, del que aún no sabemos cómo va a enfrentar tantos conflictos agrarios enquistados.

No es tarea sencilla. Es un auténtico laberinto de Minos, incluido el Minotauro de la corrupción y de la avidez sin límite de la tierra ejidal.

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