De acuerdo con las conocidas listas de millonarios elaboradas por la revista Forbes, ocho de las 10 familias más acaudaladas de México amasaron sus fortunas con ayuda de importantes negocios en el sector financiero o en la industria minera y sus derivados. Las otras dos familias no tienen significativa presencia en estos rubros, pero sus capitales provienen de sectores igualmente tradicionales de la economía: la cerveza en un caso, y el tequila, en el otro.
El origen de las fortunas de los megarricos mexicanos ofrece un absoluto contraste con el de sus pares estadunidenses: de los 10 hombres (ninguna mujer se ha colado a este grupo) más acaudalados de nuestra nación vecina, ocho se enriquecieron mediante empresas punteras en el campo tecnológico, las mayores vinculadas a lo digital e Internet, como ocurre con Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Meta, conglomerado que agrupa a Facebook, Instagram y WhasApp), Bill Gates (Microsoft), Larry Page y Sergey Brin (Alphabet, casa matriz de Google) o Larry Ellison (Oracle); pero también a los automóviles eléctricos y la industria espacial, con ElonMusk (Tesla y SpaceX).
Lejos de ser un asunto anecdótico, esta disparidad es un reflejo de la lógica rentista imperante entre la gran burguesía mexicana, cuyas fortunas provienen no de la innovación ni de la creación de nuevos mercados, sino de los desproporcionados beneficios del sector financiero y de la explotación de los recursos naturales privatizados por los gobernantes del ciclo neoliberal. Esta desidia de los dueños de los grandes capitales hacia la inversión en investigación y desarrollo (I+D) repercute en la incapacidad del país para competir a escala internacional, y tiene costos que van más allá de la pérdida de oportunidades. Así, la concentración en la minería y la negligencia con que se lleva a cabo esta actividad han provocado una incuantificable devastación ambiental, además de afectar a la salud de los propios mineros y de quienes habitan en la cercanía de los yacimientos.
Los datos son elocuentes: de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Iberoamericana, en las naciones con experiencias exitosas, 70 por ciento de la inversión en investigación y desarrollo proviene de la iniciativa privada. El doctor Alfredo Sandoval Villalbazo, académico del Departamento de Física y Matemáticas de esa casa de estudios, resalta el caso de Corea del Sur, donde se invierte 4.2 por ciento del producto interno bruto (PIB) en infraestructura científica y tecnológica, con una participación privada de 78.11 por ciento del total. Por el contrario, en nuestro país, donde esas áreas apenas reciben 0.5 por ciento del PIB, la participación privada es de un exiguo 30 por ciento de ese monto.
Esta desoladora paradoja, en la que las personas y familias poseedoras de los capitales necesarios para detonar el desarrollo tecnológico prefieren vivir de viejos negocios, no suele mencionarse cuando se critica el exiguo porcentaje del PIB dedicado a I+D en nuestra nación; pero es justamente ahí donde debe buscarse la explicación del atraso que padecemos en dichos rubros, así como una de las principales razones de la castigada estructura salarial e incluso de los niveles de informalidad en el mercado laboral, el cual no brinda incentivos ni posibilidades de crecimiento.
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