Hay un notabilísimo contraste entre la vertiginosa velocidad procesal para liberar en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos y los miles de casos de mexicanos que pueden durar largos años en espera de atenciones judiciales (un caso demostrativo es el de Israel Vallarta, quien este diciembre cumplirá 15 años en una prisión de alta seguridad sin siquiera ser sentenciado).
Trato privilegiado que permitió subir al peñista ex secretario de la Defensa Nacional a un avión rentado y, escoltado por alguaciles, entregarlo en Toluca en menos de 12 horas, lo que le permitió irse a dormir a casa, luego de despachar en 32 minutos los pálidos requerimientos de una aturdida Fiscalía General de la República.
Esforzados el presidente de la República y, en especial, el canciller Ebrard, en asegurar que el retorno del militar a casa es un reconocimiento de Estados Unidos a la soberanía nacional mexicana, al estado de derecho y el Poder Judicial de nuestro país, una buena parte de quienes dan seguimiento al caso creen percibir (se incluye este tecleador) un tufo a impunidad y el riesgo de una manzana gringa envenenada y con lupa.
Ayer, en una progresión imparable, México superó los 100 mil fallecidos por COVID-19 (“inusual”, dijo el subsecretario Hugo López-Gatell). Como tantos temas importantes del acontecer nacional, la evolución aritmética partió y se mantiene entre alegatos y consideraciones diversas que, sobre todo en las redes sociodigitales, ha llegado a alcanzar niveles coléricos entre quienes defienden las políticas federales de salud en esa materia y quienes las creen equivocadas.
Fue el 28 de febrero del año en curso cuando se registró oficialmente el primer contagio, que sería clasificado como caso índice. En otro caso, el 18 de marzo, a las 22:46 horas, la Secretaría de Salud anunciaba: “Hoy en México falleció la primera persona con #COVID-19. Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes”.
En esos ocho meses desde el primer caso mortal, la acumulación de casos de contagio confirmados y de fallecimientos ha sido incesante. Tal hecho, que tiene como telón de fondo heredado el grave detrimento del sistema de salud pública, entre saqueo, corrupción e irresponsabilidad de los gobiernos anteriores, es interpretado por los opositores al obradorismo como una culpa punible, mientras los prosélitos de la Cuarta Transformación suelen responder con enjundia, en el mundillo de Internet cada vez más cargado de pasión política y partidista.
El Senado aprobó ayer, por amplia mayoría, una Ley Federal para la Regulación del Cannabis, la cual permitirá el uso lúdico personal en adultos (con un gramaje y condiciones determinadas) y para fines científicos e industriales. Además, se abre el camino para que puedan ser liberados quienes estén procesados o sentenciados por posesión simple de mariguana. El texto va ahora a la Cámara de Diputados que, de aprobarlo en sus términos, lo convertirá en ley específica y en adecuaciones correspondientes en el Código Penal y en la Ley Federal de Salud. Es un primer paso, plausible, para eliminar el prohibicionismo.
Y mientras, en una escena ridícula, Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York y ahora abogado de Donald Trump, ofrecía una conferencia de prensa para insistir en que hubo fraude en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero la noticia destacada en muchos medios de comunicación era que mientras hablaba le corrían por el rostro chorretones de color negro que se supuso provenían de algún tinte capilar o alguna sustancia desconocida que se mezclaba con sudor.
¡Hasta el próximo lunes, con la vista puesta en la detención de custodios del penal mexiquense donde la noche del 17 de agosto se reportó el presunto suicidio de una persona acusada de haber asesinado al padre de Luis Miranda Nava, ex subsecretario de Gobernación y compadre de Enrique Peña Nieto, aunque en realidad no se había producido un suicidio sino un crimen por parte de esos custodios, ¿para silenciar algo? ¿O como venganza por orden o pago de alguien?!
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Edición: Emilio Gómez
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La Jornada
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