Carlos Águila Arreola
Foto: Archivo La Jornada Maya
La Jornada Maya
Holbox, Quintana Roo
Martes 15 de mayo, 2018
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un proyecto inmobiliario superior a los mil 100 metros cuadrados, por desmonte y uso de fuego para la remoción de mangle, palma chit, uva de mar y chaca en la isla de Holbox, dentro del área de protección de flora y fauna de Yum Balam, en el municipio de Lázaro Cárdenas.
El propietario, al no presentar la documentación requerida, podría pagar más de cuatro millones de pesos por carecer de la autorización en materia de impacto ambiental que otorga la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Tras una denuncia anónima, y para constatar el cumplimiento de la legislación ambiental federal para obras y actividades dentro de un área natural protegida (ANP), inspectores de la dependencia realizaron una visita de inspección al predio donde se construye el proyecto denominado Departamentos Grip Holbox.
Durante la inspección se detectó una superficie de mil 128 metros cuadrados desmontada, lo que implicó la remoción de vegetación de humedal costero con presencia de manglar y de selva: mangle botoncillo y blanco, palma chit, uva de mar y chaca.
También se observó que para rellenar una fracción del predio se depositó sascab (material usado para preparar mezclas para la construcción); además, se encontró evidencia de la remoción de vegetación y la eliminación de residuos mediante uso del fuego.
Al momento de la visita no se comprobó que se contara con la autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat, por lo que para evitar más daños a los recursos naturales del sitio, se determinó imponer la clausura parcial temporal de las obras y actividades.
El artículo 28, fracción IX de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece que los desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros, requieren previamente la autorización de la Semarnat.
El responsable podría hacerse acreedor a una multa que va de 30 a 50 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA); entre dos mil 418 y cuatro millones 033 mil pesos.
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