Proyectos próximos a iniciar en QRoo fracasan en países europeos

Texto y foto: La Opinión de Quintana Roo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Miércoles 31 de enero, 2018

Quintana Roo va a entrar en los próximos meses en un nuevo proceso financiero que deberá tomarse con mucho cuidado.

La ley de Asociaciones Público Privadas es el marco que el Gobierno Estatal y el Congreso crearon para poder poner en marcha un ambicioso plan de obra pública que incluye algunos de los proyectos más grandes del estado.

Trenes, puentes, cárceles y carreteras podrán ser construidas en un acuerdo entre el Gobierno y privados, y éstos últimos serían los encargados de gestionar los proyectos para lograr una rentabilidad.

El problema es que ese tipo de procesos, que llevan años en Europa, parece que no son lo que se esperaba.

Días atrás, dos informes emitidos por los gobiernos de Reino Unido y España demostraron que las APP han generado enormes costos para el estado, y que están muy lejos de ser una inversión segura.

En España varias empresas que tenían las concesiones de la construcción y manejo de carreteras de las afueras de Madrid se fueron a la quiebra.

El Gobierno anunció que comenzará a estatizar esas autopistas construidas mediante APP, porque se han quedado sin nadie que las maneje. Por supuesto, al tratarse de obras públicas, la responsabilidad final de que funcione es del estado.

El Gobierno de Mariano Rajoy asumirá pérdidas por al menos 2.500 millones de dólares en 2018.

En el caso del Reino Unido, que es la cuna de este tipo de proyectos, la situación es mucho peor.

Luego de años de análisis, la Oficina Nacional de Auditoria (National Audit Office) de la Oficina de Control Presupuestario del Parlamento británico, advirtió que el Reino Unido deberá afrontar pérdidas por más de 200 billones de libras.

En ese país hay actualmente más de 700 acuerdos de APP operativos, con un valor de capital de alrededor de 83.000 millones de dólares.

El problema es que los cargos anuales que se pagan por esos acuerdos ascendieron a 14.300 millones de dólares en 2016-17.

Hasta 2040, pagarán 276.000 millones de dólares por esos cargos.

Y el problema no es el monto en si, sino que la Oficina Nacional de Auditoría concluyó que con la modalidad de APP, el Estado británico deberá asumir sobrecostos de hasta el 40 por ciento por encima del costo de hacerse mediante financiamiento público.

O sea, que se está pagando más que si las obras se hubiesen hecho con deuda pública.

[b]Sobrecostos[/b]

La razón es que al tratarse de proyectos gestionados por privados, las tasas de interés que cobran los bancos son mayores a las que le cobran al sector público.

“Hay costos y desafíos adicionales asociados con el financiamiento privado”, dice el informe.

Por empezar, el costo financiero de los privados supera entre 2 por ciento y 4 por ciento el costo para el Gobierno mediante deuda pública.

“Pequeños cambios en el costo del capital pueden tener impacto significativo en los costos. Por ejemplo, el repago de una deuda de 100.000 millones de libras esterlinas durante 30 años con un interés de 2 por ciento cuesta 34.000 millones; con un interés del 4 por ciento se eleva a 73.000 millones de libras, más que el doble”, explica el informe.

Otro punto en contra tiene que ver con el aporte de los estados.

La ley de APP en Quintana Roo autoriza al Gobierno para que participe de proyectos, por ejemplo, poniendo terrenos como su aportación.

Pero en España detectaron que en varios proyectos ahí empezó el problema, porque el costo de expropiación de la tierra fue mucho mayor al esperado. Claramente, también se sospecha de corrupción en esos casos.

Éstos informes deberían ser tomados muy en cuenta a la hora de que se empiecen a analizar los proyectos que el estado pretende hacer con el sistema de APP.

Lo peor que podría pasar sería transitar de un esquema de endeudamiento irracional, a otro aún más dañino.