Carlos Águila Arreola
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La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 25 de enero, 2018
De un plumazo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) quiere terminar con la voracidad y depredación ambiental, al recomendar a los gobernadores de las 31 entidades y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, que apliquen la legislación en materia de responsabilidad ambiental y protección de víctimas del daño al entorno.
La medida, señaló la dependencia, debe ser acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como con la legislación nacional e internacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el principio de progresividad de los derechos humanos, ha prohibido a las autoridades ambientales federales y estatales desconocer el nivel de tutela de las garantías individuales que ya ha sido admitido, sin que pueda justificarse su regresión.
El daño y deterioro ambientales constituyen una gran preocupación social, por lo que en el 2012 fueron reconocidos en la Constitución, imponiendo a todas las autoridades la obligación de responsabilizar a quienes los ocasionan.
Es fundamental homologar el sistema de justicia ambiental en un régimen unificado de responsabilidad; permitirá dar cumplimiento a la obligación de tutela de los derechos humanos y protección de las víctimas ambientales, así como de cuidado y reparación integral del daño al ecosistema, además de promover el desarrollo y bienestar de las personas.
La recomendación tiene como antecedente el Principio 13 de la Declaración de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que refiere que “los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización, respecto de las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales”.
En 2017 se recibieron cinco mil 461 denuncias populares: tres mil 487 de competencia federal, y en dos mil 524 casos dieron a conocer daños en materias como agua, flora, fauna, contaminación, recursos pesqueros y marinos, que podrían dar lugar a violaciones a derechos humanos ambientales.
En mil 974 casos se implicaron posibles daños ambientales en ámbitos distintos al federal, por lo que se turnaron a las autoridades ambientales de las entidades federativas y la Ciudad de México.
De acuerdo a la edición 2015 del Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, el país enfrenta el reto de atender problemáticas ambientales que podrían constituir serios obstáculos para alcanzar la sustentabilidad en el futuro.
La Profepa destacó los casos de la Ley de Responsabilidad Ambiental de Michoacán, y la de Tabasco, que tienen una Ley de Responsabilidad Civil por Daño y Deterioro Ambiental que requiere ser ajustada a la Constitución; no obstante, en el resto de las entidades hay un vacío normativo (incluido Quintana Roo).
La expedición de leyes de responsabilidad ambiental es fundamental para complementar el Sistema Nacional de Protección Ambiental en el país, y por ser una obligación de tutela de los derechos humanos es aplicable a las autoridades administrativas de los tres niveles, así como a las autoridades y procesos en materia penal, de justicia alternativa y amparo.
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