Foto y texto: Agencia SIM
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 11 de enero, 2018
Hugo González Reyes, secretario de acción política de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocm), interpuso una solicitud de amparo para que un juez federal le exija respuesta al Ayuntamiento de Benito Juárez sobre petición de consulta pública por el proyecto de hotel Gran Solaris, junto a playa Delfines; e ingresó otra para que el Ayuntamiento de Solidaridad deje de violar la Ley de Transparencia y brinde la información solicitada sobre la concesión de parquímetros aprobada en sesión de Cabildo.
Además, entregó ante el juzgado federal un recurso de amparo en contra de la recién decretada Ley de Seguridad Interior.
En conferencia de prensa, acompañado de Mauricio Delfín Avendaño y Alfredo González Sánchez, dirigentes estatal y municipal de la Ugocm, respectivamente, Hugo González explicó que, en el caso de Benito Juárez, el Artículo 34 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Lgeepa), permite la realización de una consulta pública en casos como el proyecto del Hotel Solaris, que cerraría una de las pocas ventanas al mar que quedan en la Zona Hotelera.
En su opinión, la suspensión temporal decretada por el municipio es solo una “simulación” del presidente municipal, Remberto Estrada, y el regidor Antonio Meckler, por lo que la consulta, que es una acción jurídica distinta, debe realizarse, pues es una garantía fijada en la ley.
[b]SOLIDARIDAD[/b]
Sobre el amparo interpuesto por los abogados de la Ugocm en contra del Ayuntamiento de Solidaridad, indicó que la Ley de Transparencia exige que un sujeto obligado debe brindar una respuesta a una solicitud de información en 15 días; sin embargo, hace más de un mes que se le pidió por escrito a este municipio los pormenores de la concesión a 15 años para la instalación de parquímetros que habrían autorizado en sesión de Cabildo, sin respuesta aún.
Ante esta violación a la ley, se ha pedido la protección de la justicia federal, explicó.
“No queremos pensar que la concesión se estaría entregando a alguna empresa cercana a la presidenta municipal Cristina Torres, a quien estarían financiando su campaña proselitista de reelección”, dijo.
Por último, Hugo González Reyes detalló que se entregó un tercer amparo en contra de la recién decretada Ley de Seguridad Interior, pues asegura que violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El Ejército no puede asumir la labor de los policías”, alegó.
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