Joana Maldonado
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Martes 12 de noviembre, 2019
El ex gobernador quintanarroense Roberto Borge Angulo aseguró que víctima de una persecución política, durante la audiencia inicial de la carpeta 154/2017. En ella, el ex mandatario es acusado de desempeño irregular de la función pública por otorgar de manera indebida cinco concesiones de transporte -carros de golf- a un mismo número de personas morales en Isla Mujeres.
Al tomar la palabra poco antes de que el juez Jesús Aldaz Bencomo dictara un receso de dos horas, refirió que dicha carpeta no contiene elementos imputables de un delito con base a una ley que fue abrogada.
Borge señaló que el Poder Judicial del Estado y el Ejecutivo han implementado tretas en su contra para violentar su derecho a defenderse, motivo por el cual los testigos no se presentaron a comparecer, acusándolos incluso de desacato. La defensa del ex gobernador, encabezada por el abogado Raúl Karim de la Rosa Peláez, había solicitado al juez llamar a comparecer, entre ellos Jaime y Javier Zetina González, el primero en carácter de ex tesorero de la Secretaría de Finanzas y el segundo por haber fungido como director de transporte en la extinta Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra).
Acusó que el Poder Judicial está supeditado al Ejecutivo del estado porque el gobernador Carlos Joaquín González “no ha superado que le haya ganado la candidatura a la gubernatura"; cuando ambos eran diputados federales en 2010, siendo Borge más joven.
La pausa se extendió por cinco horas -debiendo reiniciarse a las 21 horas- dado que hubo fallas en la fibra óptica del Centro de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) número 16 en Ayala, Morelos.
[b]Imputación[/b]
Al ex gobernador se le imputa la entrega irregular de cinco concesiones de servicio público de transporte a las empresas Adventure Rents S.A de C.V (concesión 1470/2016); Majubex S.A de C.V (concesión 1846/2016); Rentadora la Fortuna S.A de C.V (concesión 0749/2016); Traslados Terrestres del Sureste S.A de C.V (concesión 1343/2016) y Transportes Recreativos S.A de C.V (concesión 1182/2016). La Fortuna cedió en abril de 2018 la concesión a otra rentadora.
La imputación apunta a que no hubo procedimientos apegados a la ley para la entrega de las concesiones, como el estudio de necesidad, ni tampoco se registraron los pagos de derechos requeridos ante la Secretaría de Finanzas y el Periódico Oficial del Estado tampoco registró dicho movimiento, por lo que acusan total discrecionalidad en el caso.
La defensa legal de Borge, que desistió momentáneamente de los medios de prueba para el desahogo de la audiencia, los testimonios de los funcionarios y ex funcionarios implicados en la carpeta, argumentó que dicha discrecionalidad estaba entre las facultades del Ejecutivo, además de que esta acción en su caso no representa un delito grave.
Sus defensores pidieron al juez desestimar las pruebas presentadas por los fiscales, al argumentar que no existen elementos normativos del tipo y reglamento con el que permiten fundar como indebida la entrega de títulos de concesión y que la imputación está basada en una ley abrogada.
Además citan que Quintana Roo está adherido desde 1983 al sistema de coordinación fiscal en donde legalmente no es exigible el pago de varios conceptos como licencias, anuencias, patentes y concesiones estatales, por lo que pidieron auto de no vinculación.
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