La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Jueves 12 de septiembre, 2019
Norma Gabriela Salazar Rivera, secretaria del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Quintana Roo, presentó los lineamientos generales sobre la información y materiales para la difusión, protocolo nacional para que los medios puedan brindar protección a los niños y no violenten sus derechos.
Indicó que el 30 de abril de 2015 fue publicada la Ley Estatal de Derechos de Niños y Adolescentes para garantizar los derechos de los infantes, la no discriminación, la supervivencia y su desarrollo al ser sujetos de derechos y no objetos de protección.
Acordaron implementar un total de siete ejes: primera infancia, educación, inclusión, justicia para adolescentes, pobreza extrema, violencia, crianza positiva y trabajo infantil.
Explicó que es prioridad garantizar los derechos de los infantes, que están reconocidos en la Constitución, por lo que es fundamental difundir y extender el protocolo de protección en el estado, y para lograrlo requieren la participación de los medios de comunicación.
Por su parte, Valeria Berumen Ornelas, directora de Estrategia e Inclusión Digital Mediática de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, dio a conocer que, al 2019, en Quintana Roo hay una población de un millón 664 mil 973 personas, de las que 528 mil 444 son niños y adolescentes de cero a 17 años, mientras que en México hay 40 millones menores de 18 años, 35 por ciento de la población.
La funcionaria estatal añadió que es fundamental la participación del gobierno federal, estatal y municipal para alcanzar la protección a la niñez, recalcando que la intervención de los medios es estratégica.
Recordó que la creación del Sipinna respondió al mandato de la Ley General de Derechos de Niños y Adolescentes, que derivó en un mecanismo que tiene como una de sus principales atribuciones generar una nueva manera de realizar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental.
En ese sentido, destacó que actualmente todos los niños y adolescentes puedan exigir y ejercer sus derechos humanos, ya no como objetos de protección, sino como responsables de decidir y opinar lo que consideran mejor para ellos.
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