Joana Maldonado
Foto: Cancillería Panamá
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 29 de mayo, 2019

La defensa del ex gobernador Roberto Borge Angulo presentó un recurso de queja en contra del desechamiento del amparo 380/2019 promovido con relación a la carpeta 159/2017, referente a la venta irregular de reserva territorial del estado a través del extinto Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE) y mediante el cual el ex mandatario pretendía evitar el aseguramiento de bienes.

De acuerdo a datos recabados, el amparo directo promovido ante el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, fue desechado el pasado 15 de mayo de este año. En tal virtud, la defensa de Borge promovió un recurso de queja que fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Nación, el cual no ha sido recibido.

El amparo directo fue promovido el pasado 3 de mayo e ingresado tres días después, el 6 del mismo mes, ante el Juzgado Primero, relativo a la resolución del 20 de diciembre del 2017, dictada en la carpeta administrativa 159/2019, en donde un juez de control dictaminó medidas preventivas de aseguramiento y precautorias en contra del ex gobernador.

En dicho amparo, Borge Angulo acusó violación a los artículos constitucionales 1, 14 y 16, relativos al efecto retroactivo de la ley y a que nadie puede ser molestado en sus posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito por la autoridad competente.

La autoridad desestimó el argumento de la defensa de Borge Angulo, que hace dos semanas fue vinculado a proceso por el detrimento ocasionado a los recursos financieros de VIP Saesa por 594 millones 590 mil 535.46 pesos y de momento no podrá recuperar los bienes que le fueron asegurados por los delitos que se le imputan de aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.

Entre los bienes asegurados al ex mandatario están 22 inmuebles a nombre de Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre de Borge, ubicados en Cozumel, Solidaridad y Benito Juárez.

La carpeta 159/2019 se refiere a la venta y enajenación a amigos y familiares de nueve mil 500 hectáreas de reserva territorial del estado mediante el IPAE a precios por debajo del valor real.


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