Propuesta de diputada sobre aborto revela su falta de preparación

Joana Maldonado
Foto: Congreso del Estado de Quintana Roo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 6 de mayo, 2019

Asesores, abogados y apoyo del personal del Congreso del Estado del área jurídica, es con lo que cuenta cada diputado para apoyarse al elaborar las iniciativas que se presentan ante la Legislatura, ya que la ley no obliga a que un legislador tenga estudios universitarios o conocimiento en derecho para acceder al cargo, y pese a ello se presentan propuestas absurdas y/o violatorias de los derechos humanos como la de la diputada Sonia López Cardiel.

El artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que los diputados y diputadas tienen la prerrogativa de ejercer cabalmente sus atribuciones como estudiar, analizar, debatir y votar iniciativas de leyes y decretos que beneficien a la población que representa y promover aquellas que lleven el mismo fin, sin que la Constitución establezca alguna formación académica, ya que se ha considerado discriminatorio.

En septiembre de 2018, la diputada independiente López Cardiel, presentó la iniciativa de reforma al Código Penal de Quintana Roo para establecer que en un segundo intento de aborto argumentando una situación económica complicada, la mujer que no acepte la salpingoclasia como método definitivo de control natal, sea sancionada hasta con dos años de prisión.

En marzo de este año, la iniciativa ingresó a análisis en el Pleno del Congreso y en breve será analizada por diputados e integrantes de diversas comisiones, una de ellas la de Salud que ella misma preside.

López Cardiel se ostenta como legisladora desde abril de 2018 cuando tomó protesta como suplente de la morenista Laura Beristain Navarrete (antes del PRD). Desde entonces, ha presentado siete iniciativas ante el Congreso del Estado y además es integrante cuatro comisiones como secretaria y seis más como vocal.

Su iniciativa que añade una causal “no punible” al aborto en el estado referente a la situación económica de la pareja, ha resultado controversial y trascendido más allá de las fronteras geográficas del estado, por proponer que se esterilice prácticamente de manera obligatoria a la mujer que busque por segunda vez abortar sin excepciones.

No es nada más porque yo lo haya decidido: diputada

En entrevista, la diputada independiente indicó que se hizo un estudio con ginecólogos, psiquiatras y especialistas, así como con especialistas en derechos humanos para evaluar su propuesta que prioriza el “interés superior del niño”.

“Se pone en una balanza qué es más importante, la madre o el niño, aquí y en el mundo lo más importante es la niñez, en la ONU, la UNESCO, lo más importante es el niño, ¿cómo se decidió llegar a ello?, la gente en las comunidades mas alejadas, con quienes también hablamos de ello, nos dijeron que las señoras no quieren seguir teniendo hijos”, indicó la diputada.

La ex perredista dijo que se busca evitar que una persona considere el aborto como método anticonceptivo. “A ese tipo de pobreza extrema, si les brindan la atención para abortar, en una segunda vez que lo haga la misma persona, con mucho gusto se le volverá a apoyar a las mujeres, es el mayor sentido, pero ya el segundo ya se debe considerar la salpingo para que no sea tampoco un tema de anticonceptivo, de que a cada rato”, precisó la legisladora.

Dijo que si bien se ha disminuido el número de hijos, en pobreza extrema tener hasta cuatro hijos “es mucho”. “No es nada más porque yo lo haya decidido, cuando fui a platicar con todas las mujeres de la comunidad, ellas juntan su dinero para comprar su pastilla para abortar, ellas ya no quieren seguir teniendo hijos, pero el marido no quiere que se cuiden, no tienen un plan anticonceptivo, con problemas llegan los servicios básicos, mucho menos llegan los planes de planificación familiar”, expresó.

La diputada agregó que con la poca información que les llega a las comunidades, conocen escasamente la información sobre prevención. “Si saben, son listas, pero el marido no deja que les lleguen, los maridos no dejan que les hagan ni el papanicolao”, mencionó.

La legisladora dijo que hasta ocho mujeres de cada diez que habitan en las comunidades que según ella visitó para consultar su iniciativa, se han practicado un aborto. Indicó que para el análisis de esta iniciativa se reunirán con el colectivo de Marea Azul (antiaborto) para ser incluida en el dictamen.

En contra
La Comisión de los Derechos Humanos del estado se pronunció al respecto el pasado viernes y clasificando esta propuesta como discriminatoria en dos sentidos.

“En primer lugar porque restringiría el derecho de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, limitando sus derechos sexuales y reproductivos, particularmente los relacionados a decidir cuántos hijos tener y a elegir los métodos de planificación familiar que se adecuen a su persona. En segundo lugar, porque dicho precepto aplicado a mujeres que vivan en situación de pobreza, sean sometidas a un procedimiento permanente de anticoncepción, es una práctica que diversos organismos internacionales han señalado como esterilización forzada”, cita el comunicado.

Posicionamiento de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos

La Red Quintanarroense por los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Juventudes se pronunció al respecto manifestándose en contra de la iniciativa que consideraron “va en contra de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por México”.

Añade que el planteamiento propuesto es discriminatorio, ya que fomenta odio hacia las mujeres al criminalizarlas por su condición de embarazo no deseado. “Lo anterior, incurre en una ilegalidad, pues las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales de la materia”, cita.

Además señala que la diputada parte del prejuicio que supone que abortar es una decisión fácil y que no pone en riesgo la vida de quien la practica bajo deficientes condiciones higiénicas bajo el desconocimiento de que muchas mujeres incurren a esta decisión, por la situación de vulnerabilidad que presentan, por violencia sexual, por su limitada autonomía, o por falta de información para prevenir un embarazo.