Joana Maldonado
Foto: Rodrigo Díaz Guzmán
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 10 de abril, 2019

A raíz de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Poder Judicial de Quintana Roo trabaja en regularizar la situación de los internos de las cárceles municipales de Felipe Carrillo Puerto y Solidaridad, para redirigirlos a los centros de reinserción social del estado.

Al respecto, José Antonio León Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, recordó que en diciembre pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 69/2018 dirigida a su persona y al Consejo de la Judicatura del estado, en referencia a la reclusión irregular en las cárceles municipales de los municipios referidos.

Estas cárceles, advirtió la CNDH, no reúnen los requisitos para mantener a personas privadas de su libertad, como en su momento se hizo ver con las ubicadas en Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas, las cuales fueron cerradas.

Apuntó que dicha recomendación se ha realizado en todos los estados del país y está relacionada con una política de readaptación social, aunque por cuestión de recursos se ha complicado brindarle la atención requerida.

La irregularidad que señaló la CNDH, precisó el magistrado, se enfoca en que las cárceles municipales tienen como función el desahogo de sanciones de carácter administrativo, siendo que la privación de la libertad con motivo de un procedimiento de carácter penal debe tener lugar en los centros penitenciarios a cargo del estado y no de los municipios.

“Con este instrumento se pretende esencialmente dos cuestiones; por un lado, evitar reincidir en dirigir a las personas sujetas a un proceso penal a las cárceles municipales para efecto de compurgar las penas privativas o la medida cautelar de prisión preventiva, y por el otro, regularizar la situación jurídica de quienes ya se encuentren recluidos en tales centros carcelarios”, precisó.

En atención a esta recomendación, en la que la CNDH pide en un punto el cierre de las cárceles municipales para la reclusión de personas que purgan condenas del tipo penal, el TSJE ha mantenido acercamiento con los diversos órganos competentes en el ámbito penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública para, en primer término, regularizar las cárceles y dirigir a las personas en privación de la libertad a los Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado.

De esta manera se han identificado las necesidades técnico-operativas que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos durante el procedimiento.

Abatimiento de rezago

El magistrado León Ruiz apuntó también que se han realizado estrategias para abatir el rezago de expedientes, pues mientras en el 2017 el 74 por ciento de las personas privadas de su libertad carecía de sentencia, actualmente se redujo hasta 47 por ciento, lo que ha permitido desahogar las cárceles.

“Lo hicimos desde noviembre bajo el programa de abatimiento de rezago; generamos los consensos y en Cancún y Playa del Carmen contratamos otros jueces porque se focaliza el problema y trabajamos con los juzgados para dotarlos de equipos y personal, ya que había una gran deficiencia en ese sentido”, expresó.

León Ruíz dijo que la carga procesal de los juzgados pudo desahogarse bajo una nueva logística y acuerdos. Recordó que durante 2017 los juzgados del sistema tradicional se encontraban en circunstancias “nada óptimas” y se mantenía un desorden en los archivos.
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