Apoyos fantasmas benefician a militantes del PAN, acusa Galaviz Ibarra

Carlos Águila Arreola
Foto: Congreso de Quintana Roo
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Jueves 21 de marzo, 2019

México es uno de los países que mayor gasto público invierte en su política legislativa, de acuerdo con el Informe Legislativo 2018 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco); estudio que agrega que “son gastos en ayudas sociales entregados mediante apoyos fantasma, sin transparentar, por lo que se desconoce en qué fue utilizado”.

De acuerdo con José Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la 15 Legislatura se ha manejado en total opacidad durante los dos últimos años, precisamente en las llamadas ayudas sociales, pues “aun cuando es obligatorio, por acatamiento de la Ley de Transparencia, no se mencionan los procedimientos por los que se otorgan los montos ni quienes lo autorizan”.

El estudio del Imco reveló que sólo durante 2017, mil 925 millones de pesos en ayudas sociales gastaron los congresos de 25 estados; en el caso de la XV Legislatura de Quintana Roo, nada más durante 2017 y el primer trimestre del año pasado, había erogado 112 millones 336 mil 337.3 pesos.

Comentó que las ayudas sociales no están dentro de las atribuciones constitucionales de los legisladores, por lo que tras un seguimiento, hay elementos para denunciar un mal uso de recursos públicos por parte de la XV Legislatura, así como hechos probables de los delitos de peculado, uso indebido de recursos públicos y delitos político-electorales.

El Imco respalda la denuncia del Observatorio Legislativo, al señalar en su Informe Legislativo que las ayudas sociales que entregan los diputados son gastos que no corresponden a la labor del Poder Legislativo, lo que convierte a los congresos en “sedesoles legislativas”; para evitar que haya congresos ricos y pueblo pobre, el Imco recomienda que los gobernadores promuevan controversias constitucionales para desaparecer esa figura.

Galaviz Ibarra dijo que recién presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), y no en la estatal, por desconfianza a que el tema “se vaya a politizar”.

Además, se descubrió que el otorgamiento de las ayudas sociales está “aparentemente orientado a favorecer a grupos y personas específicas, por lo que hay indicios de una desviación en el manejo de los recursos públicos, posiblemente para usos electorales.”

José Eduardo Galaviz refirió que estructurando la información en orden alfabético, se encontró que hay un número alto de beneficiarios que reciben las ayudas de manera recurrente, y que hay periodos en los que las donaciones se presentan bajo el concepto de despensas; muchos de los beneficiarios son militantes del Partido Acción Nacional.