Niegan registro a hijo de familia homoparental

Joana Maldonado
Foto: Reuters
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Domingo 10 de diciembre, 2017

El Registro Civil del municipio de Benito Juárez se negó a otorgar el reconocimiento de un recién nacido a una familia homoparental, por lo que la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo (CDHEQROO) emitió una medida cautelar.

El ombudsman Harley Sosa Guillén afirmó que no solamente se está afectando el derecho del menor a la identidad, sino que el acto está produciendo una cadena de violaciones a derechos humanos.

De acuerdo con información de la CDHEQROO, el menor que no ha cumplido un mes de nacido y se encuentra en una situación delicada de salud, ya que al no contar con el acta de nacimiento, no es posible inscribirlo como derechohabiente beneficiario de los servicios de salud, que una de las madres recibe.

“La situación es preocupante, dado que el infante requiere una cirugía, quedando en estado vulnerable, pues al no tener el documento de identidad legal y que la determine como su madre, no podrán autorizarla como tutora del menor al médico o institución donde se lleve a cabo dicha intervención”, explicó la CDHEQROO mediante un comunicado.

Lo anterior se empalma con el hecho de que el menor dejará de recibir los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dado que el 21 de diciembre de este año, fenece el período de servicios médicos a los que está sujeto, derivado de su nacimiento.

Por este motivo, la CDHEQROO emitió la medida cautelar número 15 en la ciudad de Cancún, en virtud de la negativa de la Oficialía 01 del Registro Civil a las dos mujeres para registrar a su hijo.

Las mujeres afirmaron que personal de dicha instancia municipal se negó a recibir la documentación “porque no estaban autorizados” a hacerlo, ya que en Chetumal “no habían dado la orden de registrar a los hijos de parejas del mismo sexo”.

Como resultado de un primer oficio a la Dirección de Registro Civil Municipal, la instancia admitió la negativa al registro, bajo una serie de motivos legales por los cuales el menor no puede ser registrado.

Tras la recomendación de la CDHEQROO, se recibió la negativa de la medida cautelar por la “imposibilidad legal” para registrar al menor.

El argumento de la autoridad municipal estriba en lo que estipula el Código Civil del Estado al respecto de la definición del término “progenitor”, relacionando los términos con constructos sociales en relación al sexo y género de las personas. Sin embargo, a raíz de la Reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, se obliga a las autoridades a garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

“La actuación contraviene a la obligación de las autoridades de garantizar el Interés Superior de la infancia de acuerdo a lo que se estipula en la Convención sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos internacionales; además omite el principio constitucional Pro Persona –aplicar la norma que más beneficie a la persona- al darle mayor peso a un código estatal que limita el derecho humano a la identidad”.

En cuanto al Derecho a la Salud del menor, la CDHEQROO ya se encuentra realizando una serie de gestiones en carácter de colaboración ante el IMSS para evitar que se obstruya el ejercicio y goce de los derechos del infante y asimismo anticipó que enviará urgentemente el caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por cuanto compete a la circunstancia exclusivamente de salud, ya que el IMSS es una autoridad federal.

Sosa Guillén finalmente hizo un exhorto para que el Registro Civil Municipal de Benito Juárez reconsidere su postura y actuación para no seguir causando múltiples violaciones a derechos humanos al infante; agregó que no se debe subestimar las consecuencias de una recomendación por parte del organismo, pues esto genera una serie de procedimientos administrativos que pueden culminar en la inhabilitación de las y los servidores públicos implicados.