Joana Maldonado, Hugo Martoccia, y LJM
Foto: Info QRoo
La Jornada Maya
Chetumal, Quintana Roo
Miércoles 15 de noviembre, 2017
Este miércoles, en el Congreso local, se presentó la propuesta para el nuevo marco regulatorio en materia de transporte, que reconoce el servicio contratado a través de plataformas digitales, como Uber.
El presidente de la comisión en la materia, de la XV Legislatura, Fernando Zelaya, explicó que con esta ley, los diputados, aseguran la integración a la lista de 9 entidades federativas con una normatividad que abraza el concepto de movilidad; pues “aborda su complejidad y toma en cuenta todas sus aristas, para encontrar solución a retos actuales y prevenir conflictos futuros”, señaló.
Con el nuevo marco legal, todos los automóviles que circulen en el estado deberán contar con seguro de daños a terceros.
La ley de movilidad reconoce los servicios de transporte privados, públicos y los contratados a través de plataformas digitales. Éstos últimos requerirán de un permiso expedido por la autoridad competente.
El gobernador, tendrá la facultad de otorgar las autorizaciones a las personas morales que cumplan con los requisitos , cuya vigencia será de diez años, con un refrendo anual ante un instituto de movilidad.
La persona moral será la encargada de acreditar a sus conductores; quiene deberán tener seguro vehicular amplio, en favor del pasajero y contra daños a terceros; además de no haber sido dado de baja o suspendido de alguna otra empresa; acreditar la residencia, cuando menos de 10 años previos, en el estado y no tener antecedentes penales.
La ley reconoce el derecho a la movilidad, establece los principios rectores para garantizarla, y tiene un criterio jerárquico para asignar espacios, recursos y políticas públicas, entre los distintos usuarios.
Los diputados señalaron que “buscan una solución integral; por ello, la toma de decisiones estará basada en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos”.
La propuesta contempla la cración de un instituto de movilidad, órgano encargado de conducir la política, al respecto, las tareas administrativas y de la infraestructura relacionada con la materia.
El instituto tendrá patrimonio propio, estará sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Sustentable; y su órgano de gobierno será presidido por el secretario e integrado por los titulares de Segob, Sema, y Sefiplan, así como del titular de OM.
Expedirá todas las licencias de conducir, así como los documentos para que los vehículos circulen y deberá diseñar y ejecutar programas de capacitación permanente para quienes participan en las distintas modalidades de transporte; así como constituir comités técnicos, disponer un centro de atención al usuario, para la recepción de denuncias y solicitudes de información; emitir lineamientos, que atiendan a las necesidades de las diferentes modalidades no contempladas, y proceder a la revalidación o resello de los permisos otorgados por el Ejecutivo.
A partir de la aprobación se tendrá la obligación de contar con programas integrales de movilidad y de seguridad vial, y otros que coadyuven en los objetivos de esta norma.
En la redefinición de derechos y obligaciones de los diversos actores involucrados, se elimina la facultad del gobernador para cancelar los permisos de servicio público autorizado y limita su facultad de expedir concesiones, permisos o autorizaciones al dictamen previo del instituto; también le impone la obligación para definir los lineamientos fundamentales de la política de movilidad, seguridad vial, y participación ciudadana.
[b]Contexto de la iniciativa[/b]
La propuesta en el recinto legislativo se da tras diversos escándalos entre taxistas y choferes de Uber, que ya han provocado dos muertes; de este modo se da fin a esos conflictos. Entre sus puntos sobresalientes, destaca que se “limita” al gobernador la discrecionalidad en el reparto de las concesiones de transporte, aunque no se le quitarán por completo.
Según un comunicado del diputado panista, Fernando Zelaya, de la Comisión de Transporte del Congreso, no se le quita la facultad al gobernador, sino que debe haber un dictamen previo del nuevo instituto de movilidad, próximo a crearse.
Algunos taxistas se manifiestan; otros se deslindan
Grupos de taxistas de Cancún, Cozumel y Playa del Carmen respondieron a la iniciativa, manifestándose a las afueras de la sede legislativa, en donde tuvo que reforzarse la seguridad.
“Venimos a escuchar en qué sentido viene esta ley”, aseguró Juan Carlos Conde Reyes, representante del Sindicato de Taxistas ‘Andrés Quintana Roo’”, en Cancún; sin embargo, dicha agrupación se deslindó de las manifestaciónes de sus integrantes en la avenida Huayacán, a través de Mauro Carbajal Gutiérrez, secretario del interior del gremio ruletero, quien dio a conocer que el movimiento fue a iniciativa de los martillos, quienes el miércoles por la mañana estacionaron sus unidades a los costados de la cinta asfáltica, sin obstruir la circulación, y añadió que el grupo de choferes que se trasladó a Chetumal también lo hizo a título personal, luego de que los diputados en el Congreso estatal ingresaron la iniciativa para la ley de movilidad, que prevé regular a mototaxis.
[b]La propuesta de Morena[/b]
La Oficialía de Partes del Congreso, aparentemente se rehusó a sellar de recibido una propuesta presentada por militantes de Morena.
Héctor Ortega Contreras, ex diputado local, y Roberto Martínez Zaragoza, señalaron que fueron al poder Legislativo para ingresar una reforma a la Ley de Transporte, pero que al enterarse del tema, no quisieron recibirlo y, aunque finalmente se quedaron con una copia, no la sellaron.
La entrega de la iniciativa ocurre en el mismo día en que varias bancadas ingresaron al pleno la iniciativa de ley de movilidad.
El documento entregado y aparentemente no recibido plantea que sean los ayuntamientos los encargados de dar las concesiones de transporte, a través de un organismo especial, incluidos los permisos para plataformas digitales, además de vigilar el buen funcionamiento de los mismos.
“Lo que queremos evitar son las prácticas de discrecionalidad y que los ‘martillos’ sean beneficiados”, indicó Roberto Martínez. “En las redes sociales, la ciudadanía está a favor de la apertura a nuevas plataformas, que ayuden a la clase trabajadora”.
Ambos explicaron que presentaron la iniciativa de forma ciudadana, porque así lo permite la ley y porque su partido “no tiene representación en el Congreso”.
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