Eduardo Lliteras Sentíes
Foto: Agencia SIM
La Jornada Maya

Cancún, Quintana Roo
Martes 31 de octubre, 2017

La avenida Cobá, en Cancún, a la altura de la famosa fuente del Cebiche, está completamente cerrada desde hace dos días a la circulación de vehículos en el carril que lleva a la Zona Hotelera. Es un paisaje inusual en esa arteria que conecta el centro de Cancún con su zona exclusiva. Por el cierre de la vialidad, el tráfico es un caos en avenida Tulum; autos y autobuses se amontonan entre la pitadera ensordecedora. Ese es el panorama que encuentran los turistas en estos días, producto del plantón que realizan ciudadanos que dicen tener cajas de seguridad en First National Security. En el lugar reina una tranquilidad ominosa. El negocio cerrado, custodiado por elementos fuertemente armados de la Marina y del Ejército Mexicano que impiden acercarse a la plaza donde se ubica dicha empresa. Cintas amarillas delimitan el espacio.

Las personas allí apostadas se quejan. Dicen que no hay información ni por parte de la empresa, ni por las autoridades. Nadie les apoya, dicen: ni el gobernador Carlos Joaquín, ni las autoridades federales, ni el alcalde de Cancún, Remberto Estrada Barba, y mucho menos los diputados federales o locales de Quintana Roo. Ni les toman las llamadas, ni han acudido a auxiliarlos, a darles asesoramiento, a explicarles qué está sucediendo, afirman.

Únicamente el diputado José Luis Chanito Toledo ha hecho acto de presencia, y eso porque también tiene familiares afectados por el aseguramiento de las cajas de seguridad en Cancún.

Entrevistados bajo el sol torrencial y la atenta mirada de los marinos y soldados allí apostados, que toman nota de quiénes llegan y de lo que sucede, nos dicen que lo que sabían –porque ahora las autoridades han cambiado versión- es que estaban llevando a cabo una investigación de dos cajas que eran del ex gobernador Roberto Borge o de la narcotraficante doña Lety.

“Hasta el viernes eso pensábamos, eso se nos habían dicho, desde el 9 de octubre hasta el viernes pasado, y como buenos ciudadanos y trabajadores que simplemente nos vimos afectados, no podíamos entrar porque la Seido había acordonado las instalaciones de la empresa”. Señalan que “eso obviamente ha sido molesto, pero nos sentíamos relativamente tranquilos ante la situación porque pensábamos que no nos iba a afectar directamente. Sin embargo, el viernes pasado nos avisaron que la Seido está cambiando el cuento; que piensan o pensaban abrir todas las cajas, realizar un cateo de cada una y llevarse todas las pertenencias hasta la Ciudad de México, según decían que porque sólo allá tienen oficinas y pretendían que nosotros, los usuarios, tengamos que trasladarnos y comprobar, dar pruebas de que el contenido de las cajas sea nuestro y de legal procedencia, lo que es completamente injusto, completamente ilegal, porque no hay ningún requerimiento, no hay ningún documento legal en nuestra contra, y obviamente también es absurdo que exijan eso porque, por ejemplo, hay quienes tienen joyas de familia, ahorros, documentos, etcétera, que difícilmente pueden presentar esa documentación”.

Insisten en que las autoridades “exijan que vayamos a la Ciudad de México, con todos los gastos que eso implica, es injusto, por eso se está pidiendo que las cajas, para empezar, se abran aquí”.

Pero además, añaden, “está el temor de que introduzcan algo en las cajas, algo ilícito o que también se roben algo.

“Todo esto es una violación de los derechos constitucionales, no hay un notario que dé fe que el contenido de la caja se está efectivamente metiendo a las bolsas de cateo. Nosotros no tenemos ninguna seguridad, ni la Seido nos proporciona ninguna información, hay cero transparencia, como para que nosotros podamos tener la confianza que lo que está pasando es un proceso legal. En realidad eso es lo que nos preocupa: que esto es un proceso completamente ilegal”.


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