Joana Maldonado
Foto: @iapqroo
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Viernes 13 de octubre, 2017

Más de la mitad de los actos de soborno en los gobiernos, se vinculan al tema de las compras y adquisiciones. “Es el proceso más riesgoso de corrupción”, asegura Sergio Martín Esquivel, presidente de la Comisión de Compras de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), lo que evidentemente afecta la estabilidad en el mercado.

Durante el Seminario Internacional de Contrataciones y Adquisiciones Públicas en el Siglo XXI, organizado miércoles y jueves por el Instituto de Administración Pública del estado (Iapqroo), el gobierno del estado y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur), Sergio Martín Esquivel, impartió la conferencia magistral [i]Integridad, buena administración y perspectiva de la contratación pública[/i].

Ahí destacó que, de acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) revelados a través de un estudio de transparencia en México, un 54 por ciento de los sobornos que se registran en los gobiernos, están relacionados a las compras y adquisiciones.

Y añadió que el 51 por ciento de los encuestados reconoció haber tenido que pagar un soborno para llevar a cabo un contrato con el gobierno.

“Eso, evidentemente afecta al mercado estable, a las empresas sólidas; la idea es generar mayor acercamiento y mejores resultados en la disminución de la corrupción en un proceso de licitación pública, ya sea en lo nacional o en lo internacional y trabajar los proyectos de manera conjunta, para hacerlos mucho más transparentes”, precisó.

Al referir al Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que en su implementación, en materia de contratación pública, a través de la plataforma nacional y el Sistema Nacional de Fiscalización, van a empezar a endurecer y fomentar las buenas prácticas en los gobiernos.

En materia de compras, recordó que la Secretaría de la Función Pública, está fortaleciendo Compranet, herramienta que obligará a la transparencia y a generar contenidos estadísticos para inhibir la corrupción.

Citó por ejemplo, que la Ley de Adquisiciones y Obra Pública, contiene buenas prácticas, pero que debe ser actualizadas, dado que la corrupción está ligada a la impunidad.

“Se necesita reforzar a los órganos fiscalizadores, para que sean más oportunos en la detección de malas prácticas o desviaciones y no darse cuenta cuando el acto ilícito ya se consumó, eso es delicado, pero creo que vamos por buen camino”, confió.

En consecuencia, los sistemas estatales deberán reforzar la comunicación con la Federación, pues el Sistema Nacional funge como espejo en las entidades federativas.

“Es un sistema que tendrá impacto a nivel nacional, y tenemos que hacer un esfuerzo para que se implemente lo más rápido posible, es importante la transparencia, porque es la medicina a la corrupción, pero si nosotros somos discrecionales y trabajamos en la opacidad, no vamos a querer exponer la información y es evidente si tenemos malas prácticas”, expresó.

[b]Caso Perú[/b]

La doctora Ana Teresa Revilla, quien hasta julio pasado fungía como presidente ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), del gobierno de Perú, presentó la ponencia La Ley de Contrataciones Públicas del Perú: Lecciones para México.

Como titular de un organismo especializado en la compra pública, su tarea era aprobar las bases estandarizadas de todas las entidades del estado, cuya función es regular y administrar un sistema electrónico de contrataciones.

“Es una plataforma en donde todas las entidades públicas tienen la obligación de ‘colgar’ los bienes, servicios y obras que van a necesitar; por ejemplo, si uno planifica para el próximo año debe saber que cosas va adquirir y a principios de año debe poner su plan anual, una vez que lo hace, mes a mes ejecuta el presupuesto, entonces todo está publicado”, explicó.

El OSCE, tiene una función adicional de controlar los riesgos, motivo por el que se identifican las malas prácticas en compras públicas y propone reformas a la administración.

La especialista consideró fundamental que, desde este órgano ejecutor, se controlen y transparenten las compras y destacó que desde que se creó se ha contribuido a agilizar las compras de gobierno y hacer partícipes a las empresas.

“El momento en que manejas datos e información, se puede identificar en dónde se producen los problemas, hay muchos procesos penales en mi país, sobre el proceso de identificar de corrupción”.

La ponente destacó que la dirección de riesgos actúa sobre determinado monto presupuestal y las empresas pueden impugnar las bases. En México se integró el Sistema Nacional Anticorrupción y en Perú hay 12 tribunales administrativos.


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