Profepa tiene a Holbox en la mira: procurador

Joana Maldonado
Foto: @PROFEPA_Mx
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Lunes 17 de julio, 2017

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inició 40 procesos sancionatorios a igual número de proyectos en la isla de Holbox por incumplir con la regularidad de los trámites; al mismo tiempo, la dependencia federal ha comenzado un procedimiento de sanción en contra de integrantes de la comunidad menonita asentados en Salamanca, municipio de Bacalar, quienes devastaron unas tres mil hectáreas de selva en las comunidades de San Fernando, el Bajío y Buena Esperanza.

Por su parte, Guillermo Haro Bélchez, el procurador del Ambiente, quien estuvo en Chetumal para la entrega de reconocimientos ambientales estatales en coordinación con el gobierno del estado, dijo en entrevista que la dependencia federal “ha volcado la atención a Holbox”, en donde se realizan 40 procedimientos a proyectos que principalmente carecen del manifiesto de impacto ambiental.

“Estamos empeñados y hemos encontrado apoyo del gobierno del estado, la Conanp, del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emilio Jiménez Ancona, y nuestro objetivo reside en cuidar Holbox”, subrayó Haro Bélchez.

Afirmó también que en el caso de Tulum y Akumal, se realizaron 200 inspecciones que han terminado en clausura, principalmente se trata de desarrollos turísticos y casas habitación.

[b]Sanción a menonitas[/b]

Por otra parte, el funcionario federal informó que la dependencia a su cargo realiza un procedimiento en contra de habitantes de la comunidad menonita de Bacalar, quienes se encuentran en una etapa de emplazamiento con un término de 60 días por la devastación de al menos tres mil hectáreas de selva.

“La ley no indica que los menonitas están exentos de cumplirla, el predio está clausurado y no habrá ni una sola hectárea más devastada”, advirtió Haro Bélchez.

En dicha zona, ubicada en las comunidades de San Fernando, el Bajío y Buena Esperanza, se pretendía edificar un nuevo asentamiento, pero los responsables no tramitaron los permisos de cambio de uso de suelo.