Carlos Águila Arreola
Foto: @IDAIPQRoo
La Jornada Maya
Cancún, Quintana Roo
Martes 11 de julio, 2017
Cinco municipios, entre estos los tres que mayores ingresos turísticos generan, así como 10 dependencias, incluida una universidad, y los dos principales fideicomisos de promoción turística, conforman la lista de los organismos públicos más opacos de Quintana Roo.
De acuerdo con José Orlando Espinosa Rodríguez, comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), se trata de los ayuntamientos de Benito Juárez, Solidaridad, Cozumel –los que más visitantes y divisas producen–, Puerto Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
También están en la lista la Universidad del Caribe, los fideicomisos de Promoción Turística de Benito Juárez (que es la Oficina de Visitantes y Convenciones) y de Solidaridad (Riviera Maya), la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo (Cedhqroo).
Asimismo, la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) y las secretarías de Infraestructura y Transporte (Sintra) y la estatal de Trabajo y Previsión Social.
El titular del Idaipqroo señaló que a pesar de infinidad de solicitudes ciudadanas y del propio instituto, “hasta ahora se han negado a transparentar y entregar información requerida por organismos civiles y ciudadanos”.
Espinosa Rodríguez reveló que el Idaipqroo ha recibido más de 20 denuncias contra diversas dependencias públicas por negar información pública, o bien brindarla de manera incompleta.
El comisionado presidente añadió que en Quintana Roo hay 100 sujetos obligados a transparentar información; sin embargo, “la mayoría se ha rehusado a cumplir” con las disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como con la legislación local.
Espinosa Rodríguez precisó que de enero a mayo (151 días) se han registrado tres mil 347 solicitudes de información, principalmente enfocadas al gasto de presupuestos, costo de obras y empresas beneficiadas.
“Hasta el momento tenemos un promedio diario de 22 denuncias contra los ayuntamientos y las diversas dependencias y organismo autónomos. El instituto realiza la primera verificación diagnóstica de los sujetos obligados, para conocer el cumplimiento en transparencia. Hasta el momento el avance es de 35 por ciento.”
Recordó que el proceso inició el 10 de mayo y se espera que alrededor del 15 de agosto ya se sepa quiénes tienen mayor rezago, además de que serán notificados para corregir antes de concluir el año porque a partir de enero de 2018 se empezarán a aplicar sanciones a quienes incumplan con transparentar toda la información de carácter público.
El comisionado presidente puntualizó que, una vez que los organismos cumplan totalmente con la Ley de Transparencia, el tiempo de respuesta a las solicitudes de información disminuirá de 20 a cinco días hábiles.
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