Tortura, cárcel y muerte de un policía

Joana Maldonado
Foto tomada de la web
La Jornada Maya

Chetumal, Quintana Roo
Martes 13 de junio, 2017

El domingo 17 de marzo de 2013, los titulares de los diarios en Quintana Roo, daban cuenta de la detención del “líder del cártel del golfo”, Héctor Casique Fernández, apodado [i]El Diablo[/i] y acusado de ser una de las cabecillas de la balacera en el bar La Sirena, de Cancún, en donde murieron siete personas, entre ellas el subsecretario de Conflictos del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, Francisco Achach Castro.

Transcurría la mitad del gobierno de Roberto Borge Angulo cuando, en conferencia de prensa, el entonces procurador general del estado, Gaspar Armando García Torres, -quien antes había presidido la Comisión de los Derechos Humanos-, informó que el ex agente de la policía municipal en Benito Juárez, Héctor Casique Fernández de 27 años, había sido detenido junto con Maximiliano Ezequiel Millán González de 20 años de edad, a quien se identificaba como su chofer.

A Casique Fernández, se le acusó de instructor de sicarios y junto con Ezequiel Millán, fue detenido en la zona hotelera de Cancún, primero, por “ultrajes a la autoridad” y, más tarde, resultó ser un criminal confeso que había admitido ante las autoridades haber participado en la ejecución de Achach Castro, sobrino de la ex alcaldesa Magaly Achach, por órdenes del jefe de la plaza del Cártel del golfo a quien se identificaba como [i]El Apá[/i].

Gaspar Armando García, dio detalles de cómo Héctor Casique fue entrenado en la ciudad de México y reclutado por la organización criminal Los Zetas, y se encargaba además de cobrar el “derecho de piso” a bares y negocios en Cancún.

Dos días antes de su detención, un jueves alrededor de las 18 horas, ocurrió la tragedia en el bar La Sirenita, ubicado en la región 233 de la ciudad de Cancún, en donde dos sicarios abrieron fuego contra los concurrentes, resultando siete muertos.

La Procuraduría General, que presentó a los imputados con señales de haber sido golpeados, informó que El Diablo, tenía instrucciones de asesinar a la Barbie, pero que disparó un cuerno de chivo que tuvo como resultado la muerte de otros parroquianos. En ese mismo año, la familia inició las denuncias por tortura ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Un año y ocho meses después, el Diario Reforma, presentó un reportaje del periodista Ernesto Nuñez, titulado Cómo fabricar un ‘líder’ de los Zetas, en el que relataba la detención de Casique aquella noche de marzo de 2013, en la zona hotelera de Cancún.

En el reportaje, confirma que Casique se especializó en artes marciales, defensa personal y manejo de armas y que durante cinco años fue agente en la policía municipal en Benito Juárez, pero que dos años antes se había retirado para iniciar su propio negocio como instructor de acondicionamiento físico y defensa personal.

Tras su detención, Héctor Casique y su acompañante, fueron torturados por elementos de la policía judicial bajo el mando de Manuel Borges Ricalde, comandante de homicidios.

Según se establece en dicho reportaje, Casique había iniciado la compra de una plaza al director de la policía, Arturo Olivares Mendiola, a quien le dio 75 mil pesos, pero que nunca le entregó laplaza, lo que motivó la aparente venganza.

Héctor Manuel Cacique Fernández pasó tres años, seis meses y siete días en prisión; tiempo en el que fue víctima de tortura que derivó en la pérdida de un oído, visión del ojo izquierdo, diabetes y otros daños físicos.

Fue liberado en septiembre de 2016 al demostrarse que fue víctima de una detención arbitraria y torturado para confesar su responsabilidad por el delito de homicidio calificado.

En el 2015, Harley Sosa Guillén, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, emitió una recomendación donde, tras las investigaciones, así se acreditó y solicitó a la Procuraduría General iniciar un procedimiento penal en contra de 43 servidores de la entonces dependencia de gobierno.

El pasado 30 de marzo, la vicefiscal Rosalba Villanueva Arzápalo, reconoció a Casique y a Maximiliano Ezequiel Millán, como “personas merecedoras de respeto y su carácter de víctimas y, con ello, con derecho a reparación del daño por los actos ocasionados”.

En respuesta, Casique y su madre, Yazkade Fernández, rechazaron la disculpa. “Durante tres años y seis meses física y psicológicamente, mi hijo fue torturado y su familia fue amenazada; contrajo enfermedades de por vida y perdió órganos. Están en la oportunidad de cambiar todo y sino la vida les va a regresar lo que ustedes no hicieron hasta ahorita; quiero aclarar que esta es la segunda ridícula disculpa pública, la primera fue con la Secretaría de Seguridad Pública”, puntualizó la madre de Casique Fernández.

“No lo acepto, es absurdo, es una ridiculez, no está el Señor Fiscal (Miguel Ángel Pech Cen), que tenía que estar aquí dando la cara, él se comprometió. Me voy a echar a un enemigo; a mi me vale madre, tenemos muchos enemigos, es injusto que el Fiscal no se muestre. Soy inocente, no tengo que ver con el hecho que se me imputó y, sin embargo, no han encontrado a los verdaderos culpables del caso de la Sirenita, no se ha hecho nada”, respondió Héctor Manuel Casique a la disculpa.

El pasado viernes fue una de las dos víctimas de una balacera en un restaurante de mariscos, en Alfredo V. Bonfil de la ciudad de Cancún; aparentemente estaba acompañado de un policía federal vestido de civil.

Al reclamar y reconocer el cuerpo de su hijo, Yazkade Fernández aseguró que fueron “judiciales” los que mataron a Héctor.

[b]Derechos Humanos pide esclarecer el homicidio[/b]

En un comunicado, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, lamentó el homicidio de Héctor Casique Fernández.

El ómbudsman, externó públicamente las condolencias a sus familiares, quienes desde el 2013 se dieron a la tarea de movilizarse a través de instituciones locales, nacionales e internacionales, para la investigación de las violaciones a derechos humanos de las que fuera víctima, específicamente por tortura, tal como se acreditó en la Recomendación 17/2015, de esa comisión estatal.

El ómbudsman del estado exhortó a las autoridades correspondientes para que no quede impune este homicidio, esclarecerlo y realizar la investigación con diligencia, además de dar la debida protección a sus familiares.

Sosa Guillén recordó que el caso Casique ha sido uno de los más emblemáticos de ese organismo, dado que conllevó a la acreditación de violaciones a derechos humanos por tortura, en las que estuvieron implicados más de 40 servidores públicos de la entonces Procuraduría General de justicia del Estado.

Por separado, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), llamó a las autoridades mexicanas a investigar la muerte de Casique, abriendo todas las líneas de investigación pertinentes.